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Financiamiento: la denuncia del foro
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 463 [2012-05-24]
 

Al parecer, una vez ocupada la primera posición de la agenda por la eventual nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, en segundo lugar aparecen los recursos financieros. Y todo parece indicar que el terreno de disputa estará localizado en las normas y su aplicación.

La semana anterior, la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico informó a través de desplegado público en diferentes medios, lo que desde hace algún tiempo se había previsto como una opción: inconformarse por la vía legal respecto al financiamiento que reciben las actividades científicas y tecnológicas.

El foro informa que presentó una denuncia administrativa “ante la Secretaría de la Función Pública, contra quien resulte responsable, por el incumplimiento de la asignación del 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.

La principal finalidad del foro, creado en 1999 y reformado en el 2002, es servir como un órgano de consulta en materia de ciencia y tecnología, tanto para el ejecutivo federal como para las principales instancias de toma de decisión del sector. Pero la ley también le reserva funciones para promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo. Por la misma razón, ha servido para canalizar demandas y posiciones sobre diferentes iniciativas, como ahora para el financiamiento.

La composición del foro es relativamente plural. Según lo establece la ley, su mesa directiva se debe integrar por 20 miembros: tres representantes de investigadores de igual número de áreas de conocimiento y otros 17 provenientes de diferentes organizaciones. Tales como las academias Mexicana de Ciencias, Ingeniería, Medicina; de instituciones como la UNAM, el IPN, el Cinvestav, los Centros Públicos de Investigación; y de asociaciones como Anuies, Canacintra, Coparmex o el Consejo Nacional Agropecuario. Por cierto, ninguna de estas cuatro últimas asociaciones firmaron el desplegado de denuncia.

Llama la atención que la inconformidad del foro sobre los recursos fuera canalizada a una instancia como la Secretaría de la Función Pública. Esta última, creada en la administración de Vicente Fox, reemplazó a la entonces denominada Secretaría de la Contraloría, y se encarga esencialmente de fiscalizar a los funcionarios públicos federales, lo mismo que realizar auditorias sobre el gasto de recursos federales, entre otras funciones.

La denuncia interpuesta seguramente tendrá una respuesta, pero es de llamar la atención porque no se trata de cómo un funcionario distribuye los recursos una vez asignados, sino del volumen total que se destina al sector y en tal caso los principales responsables son los diputados, pues son ellos quienes diseñan y aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Más aún, los legisladores son quienes reformaron la ley. Primero, en el 2002 el artículo 25 de la ley general de educación, para establecer que el gasto en educación pública no debe ser menor al 8 por ciento del PIB y de ese total destinar el 1 por ciento para ciencia y tecnología. Luego en el 2004, con el artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología, para ponerlo en correspondencia con la legislación educativa e indicar que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país.

Sin embargo, como lo hemos hecho notar en múltiples ocasiones, la legislación educativa se refiere a gasto público, mientras que la normativa científica señala gasto nacional (público y privado) y establece la salvedad de que el gobierno federal y estatal concurrirán al financiamiento, pero “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables”. Es decir, si no hay recursos financieros, imposible cumplir lo que dice la ley.

Quizás, como lo había propuesto Diego Valadés en enero de este año, en el encuentro promovido por la Academia Mexicana de Ciencias, y como lo reiteró en estas mismas páginas la semana pasada (Campus Milenio No. 462), se necesita una reforma constitucional para hacer valer el nivel de financiamiento previsto en las leyes secundarias.

El jurista sugiere añadir un párrafo al artículo 25 constitucional, en el que se establezca la prioridad de la investigación y el desarrollo técnico, lo mismo que su apoyo y financiamiento directo.

En fin, probablemente movilizar el tema de los recursos financieros en la agenda no resultará tan sencillo, pero parece indispensable si se crea la nueva secretaría.


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