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Maltrato, resistencias y respuestas a la política de créditos educativos
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 447 [2012-01-26]
 

Las universidades públicas de carácter autónomo son instituciones que están en disputa por su importancia para el desarrollo de México. De tiempo en tiempo, el gobierno las coloca en tensión. Anualmente, por la rebatinga del presupuesto y los fondos extraordinarios, a través de mecanismos de evaluación que se emplean como instrumentos de control político.

Otras veces, la animosidad ha surgido en momentos históricos específicos. En el gobierno de De la Madrid (1982-88), se concibió a las universidades públicas como ineficientes, ineficaces, poco productivas y consumidoras de una gran cantidad de recursos económicos, que no justifican y de los cuales no rinden cuentas. Argumentos, todos, que la realidad histórica ha desmentido.

A fines del Siglo XX, se dejó caer a la UNAM en una huelga extraordinariamente desgastante para romper lo que llamaban el mito de la gratuidad. Ernesto Zedillo era favorable a las cuotas, desde que era secretario de educación. Las presiones externas, la preparación de la alternancia, y el poco tino de las fuerzas internas, militaron para desinstitucionalizar a la Universidad. Después, vendría una recuperación que la colocó en un primer plano de prestigio, gracias al esfuerzo de su Rector y al compromiso de la comunidad académica con su trabajo.

En Febrero del año pasado (2011), el presidente de la República emitió un decreto por el cual se puede deducir el pago de las colegiaturas del impuesto sobre la renta. La medida tendrá impacto justo en este período electoral (2012). La deducibilidad es para que la iniciativa privada avance, con seguridad financiera, en el campo educativo, para que los que sí pueden pagar su educación reciban un estímulo económico de parte de los contribuyentes por 13 mil millones de pesos.

En aquel entonces, el Rector José Narro señaló la importancia que tendrían los descuentos para ampliar la matrícula de educación privada. Además, dijo que el gobierno posiblemente encontraría recursos para hacer un bono educativo para la parte privada, con lo que estaríamos en desacuerdo, porque se privatiza dinero público que le hace falta a las universidades públicas.

Así, Felipe Calderón presentó (enero de 2012) el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, a través del cual se van a otorgar créditos (por 2500 millones de pesos) a los estudiantes universitarios. Varios colegas ya han comentado lo inapropiado de esta medida. El Presidente la tomó para favorecer a un sector de las clases medias y sin tener en cuenta ni la historia ni la realidad social por la que atraviesa el país. Tampoco quiso ver el contexto internacional, en el cual se han desatado movimientos estudiantiles contra este tipo de programas, que pone en deuda el futuro de los jóvenes.

Este recuento ilustra lo que ya todos saben: el neoliberalismo ataca la existencia de lo público; los últimos gobiernos priístas y los panistas han contribuido a desmantelar la educación pública. Han sido aliados del sindicato de maestros y, ahora, el gobierno favorece la expansión del capital nacional y transnacional en la educación superior, otorgando recursos públicos para que tal expansión ocurra. La Presidencia de la República supone que la educación es una mercancía, que la compra quien puede pagarla. Los créditos y los réditos se asocian a nuevas formas de crear desigualdad y al pesimismo como perspectiva de futuro.

Por lo que toca a las universidades públicas, el gobierno las está colocando en un marco de competencia desigual entre ellas y con las privadas. Sus voceros están usando los estudios comparativos para señalar que hay una lista negra de universidades públicas, cuando la intención es descubrir a qué instituciones hay que apoyar para elevar el nivel de calidad de todo el sistema. Juego sucio, que tampoco es de extrañar en el ambiente político actual.

Lo nuevo de todo esto, entonces, no son las agresiones, sino la aparición de resistencias. Responderemos defendiendo a la universidad pública, a la autonomía, a la idea de un espacio de investigación que se junta con la docencia. Sosteniendo la urgencia de formar investigadores, por las necesidades de producción, consumo y distribución de conocimiento para elevar la competitividad, atender el mercado interno y fomentar el desarrollo integral de la sociedad. Teniendo cuidado para que el maltrato no haga que la indignación nos rebase, sino para usarla como una fuerza de cambio.


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