En algunos círculos oficiales, y en otros académicos, se hacen críticas desfavorables a la universidad pública. Una de ellas sostiene que ésta perdió su sentido y significado en México, porque en el país no existe un proyecto nacional. Quienes la argumentan, están contra la conducción del Estado.
Mantienen la querella por la educación y consideran que las instituciones educativas privadas son mejores que las públicas. Aseguran que estamos como estamos porque al mercado no se le ha permitido actuar con toda libertad. Niegan el nacionalismo y quieren que nos ajustemos, de cualquier modo, a la internacionalización. Niegan la ideología, pero su planteamiento es ideológico, aunque lo esconden.
En materia educativa, esta crítica es favorable a los rankings, a la contabilidad académica. Y aunque las universidades privadas no aparecen en las jerarquías internacionales, sostienen que las instituciones de educación superior privadas son las que han ido ganando la competencia. Lo cual se aprecia porque de ellas se reclutan, ahora, los cuadros dirigentes del gobierno. Así, no hay por qué dedicarle dinero público a instituciones universitarias “ineficientes”, en entidades federativas rezagadas, como tampoco a la investigación educativa.
Quienes estudiamos a las universidades y al sistema de educación superior en México, por el contrario, hemos coincidido, como resultado de nuestros trabajos, en que la universidad pública —actualmente y en el futuro inmediato— es una pieza clave para que el país salga de la crisis y su economía vuelva a crecer.
Estrictamente en términos de crecimiento económico hay una tesis probada de que la expansión de la educación universitaria ha sido crucial en muchos países para desenvolver sus economías y desarrollarse como sociedades. Las universidades de investigación han sido impulsoras de la globalización y de la economía del conocimiento, que no podría sostenerse sin la ciencia.
La hegemonía que ejercen algunos países en el mundo se sustenta en su riqueza, en su poderío militar y, en parte, en la hegemonía que tienen sus universidades en el campo educativo internacional (Marginson y Ordorika).
Así, y dado que pronto habrá cambio de gobierno en México, sería bueno tomar posturas que favorezcan el avance de la educación superior pública, posiciones situadas en un paradigma educativo diferente al que critica a lo público desde el modelo neoliberal ortodoxo, cuyas políticas educativas están en franco agotamiento, al igual que el modelo de desarrollo que postulan.
Hay un acuerdo en la literatura académica de mirar a la universidad pública desde el ángulo nacional, conectándolo con lo global y lo local. En México hay un grupo de buenas universidades públicas, ubicadas en varias partes del territorio, que tienen condiciones para desarrollar investigación competitiva en el ámbito internacional y, probablemente, darle prestigio al país en este ámbito.
A estas universidades se debe apostarles, con la condición de que estén ligadas estrechamente a otras casas de estudio de su entorno, con la finalidad de establecer redes en las cuales las menos fuertes usen a las más consolidadas como puentes para asomarse a las corrientes de la ciencia en el mundo y en el país, para que cada una sirva a lo local y a su desarrollo.
Es indispensable dar un salto cualitativo y crear un sistema de universidades públicas en el cual las unidades se auxilien para que haya un crecimiento intelectual más parejo. Que entre algunas de ellas se establezcan alianzas para fortalecer la docencia y la producción de conocimiento.
En materia educativa, sería bueno, como en Europa, que las redes institucionales estén volcadas a la cooperación. Una política con una doble visión: de sistema, que enlace a las universidades públicas, y de largo plazo. Una política que opere en el nivel sistémico considerando las especificidades de cada institución para interactuar en el conjunto.
Todas las sociedades desarrolladas cuentan con un sistema universitario amplio y consolidado, con una cobertura educativa mayor a 50 por ciento, con instituciones que desarrollan campos científicos desde los cuales adquieren capacidades para competir y sobresalir, que producen resultados de investigación que sirven para estimular el crecimiento de las actividades en todos los sectores de la economía y para formular políticas públicas. No hay por qué suponer que nosotros no podemos hacer algo semejante, adecuado a nuestras condiciones históricas, económicas, políticas y culturales.
Por su parte, cada una de las universidades debe comprometerse a mejorar la docencia, a actualizarla, a generar nueva oferta educativa. Comprometerse a hacer investigación que haga sentido al desarrollo de su entorno, a contribuir para que mejore el nivel de vida de la sociedad en la cual está enclavada, a diversificar sus tareas, a articular proyectos con y entre la sociedad civil, a superar su planta académica, a formar recursos con doctorado, a proveer capital social, a hacer más ágil su administración y reducir los privilegios de la burocracia, a tener rectorados dedicados la mayor parte de su tiempo a satisfacer las necesidades institucionales.
Quienes sostenemos estas ideas desde la UNAM estamos convencidos de que la gran tarea del desarrollo nacional pasa por “la educación, la ciencia y la cultura, por el impulso a las artes y la innovación”, como lo ha sostenido el rector José Narro. Pasa por crear un esquema político para fortalecer a las universidades públicas relacionado con las otras políticas de desarrollo nacional. Si no se entiende, seguiremos tropezando.
