Hace tres meses se vive en Chile un fuerte conflicto entre estudiantes y gobierno. El movimiento de los jóvenes se ha extendido por todo el país, ha logrado el respaldo de un gran número de profesores y autoridades académicas, y también el apoyo de varios sindicatos y fracciones políticas opositoras al régimen del presidente Sebastián Piñera Echenique. El pasado martes se convocó un “paro nacional” de 48 horas. Las jornadas del 9 y 10 de agosto cumplieron el doble propósito de mostrar la vigencia del movimiento a pesar de las expresiones de intolerancia y represión del gobierno, así como el contundente rechazo a las propuestas planteadas por el Ejecutivo.

ANTECEDENTES

La protesta tiene como antecedente las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2008. La primera, conocida como la rebelión de los pingüinos, expresó el descontento de los estudiantes del nivel medio ante la calidad de la educación pública impartida en los municipios y levantó diversas demandas, de las cuales destacaban la supresión y reforma de la normativa educativa. El movimiento tuvo lugar en el segundo semestre de 2006 y terminó con el compromiso de la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de auspiciar el diseño de una nueva ley educativa.

Al promediar 2008 se contaba con los primeros borradores de la Ley General de Educación, incluida en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, aprobada en julio de 2010. La iniciativa fue vista, en ese momento y en la actualidad, como insuficiente para resolver los problemas cruciales de la educación chilena, pero además como una muestra de insensibilidad del Estado ante las limitaciones que los aspirantes a ingresar a las universidades del país estaban padeciendo. Universitarios y académicos expresaron entonces su inconformidad, pero el movimiento que desencadenaron, originado en la Universidad de Valparaíso, no fue suficiente para detener el proceso legislativo.

Ambos antecedentes no son sólo cronológicos. Las demandas planteadas en 2006 y 2008 vuelven a presentarse en la protesta de 2011 por una sencilla razón: los problemas que las originaron no han sido resueltos, se mantiene una fuerte segmentación social del sistema educativo, los estudiantes de los sectores económicos vulnerables no están recibiendo la misma calidad educativa que la clase media y alta chilena, el gobierno continúa protegiendo a la iniciativa privada, mediante diversos estímulos, que tiene presencia en el sector.

¿QUÉ PIDEN LOS ESTUDIANTES?

Los de educación media mantienen como demanda central que se concrete la desmunicipalización del servicio educativo. La medida se considera indispensable para lograr condiciones de mejora de calidad en las instituciones del interior del país, al menos comparable con la recibida por los estudiantes de la capital de la nación y los inscritos en establecimientos privados.

También se pide mayor inversión pública en las escuelas para que se concrete la definición legal de una educación pública obligatoria y gratuita desde el preescolar hasta el término de la educación media.

Los universitarios centran sus demandas en dos puntos clave: la reestructuración del actual esquema de subsidios escolares y becas-crédito para que todos los alumnos que forman parte de los primeros siete deciles en la distribución de ingresos tengan condiciones económicas para proseguir sus estudios. No se pide la gratuidad, sino el apoyo del Estado para mejorar las condiciones de acceso, permanencia y logro escolar.

Se ha insistido en que el gobierno apoye a los egresados que no consiguen liquidar los adeudos del crédito escolar contratado. Se reclama también que el Estado supervise de manera más estricta, con bases académicas, la oferta privada de educación superior y se revisen y reformen los criterios por medio de los cuales se otorgan subsidios a las instituciones particulares.

Por último, se señala la inconveniencia de contar con una prueba única de selección académica, en tanto este instrumento ha mostrado su operación como filtro social para el acceso al nivel universitario.

¿QUÉ PROPONE EL GOBIERNO?

Hasta el momento no mucho. Aunque el ministro del ramo ha ofrecido respuesta a las principales demandas del movimiento, mediante el documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, entregado a la representación estudiantil el 1 de agosto, los protagonistas de la protesta han hecho notar que la solución es parcial y de ningún modo satisfactoria.

Ante el rechazo de la iniciativa de solución, el ministro buscó interlocutores alternativos: los partidos y los rectores. La salida no parece la mejor para resolver el conflicto, pero en esas están hasta el momento.

Uno de los principales saldos de la movilización, efecto directo de la represión sufrida en prácticamente cada manifestación, ha sido la caída en picada de la popularidad del presidente. Hace un año contaba con 50 por ciento de aprobación. Hoy, acaso con la mitad.

En vista de las elecciones municipales del año entrante, y la presidencial del subsiguiente, sea cual sea el resultado final del movimiento, lo cierto es que ha puesto en jaque a la derecha chilena. De esa no se escapan.