A más tardar, en un mes más el Ejecutivo federal deberá presentar al Congreso su proyecto de paquete económico (ingresos y egresos) para 2012. Es el último diseño presupuestal que realizará la actual gestión, el siguiente lo elaborará conjuntamente con el equipo de quien gane las elecciones de julio del año próximo. El tema tiene implicaciones para el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas.

No existen grandes expectativas sobre el diseño del presente paquete económico. No hubo sorpresas en los años anteriores y seguramente no las habrá al cuarto para las doce de esta administración. Sin embargo, dado que el actual titular de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, también es un aspirante a candidato presidencial, existe cierta inquietud sobre su permanencia o no en el cargo.

Tal vez lo relevante no es la continuidad del actual secretario de Hacienda, si no quién encabezará las negociaciones con el Congreso y la permanencia de los cuerpos técnicos que se encargan del diseño prespuestal. Ernesto Cordero es el segundo titular de Hacienda en este sexenio y si permaneciera en el cargo, apenas será la segunda ocasión que le correspondería decidir sobre el paquete económico.

Lo más importante es que la elaboración del presupuesto prácticamente tiene marcadas sus pautas a partir del segundo trimestre del año y hasta su aprobación final en noviembre; las subsecretarías del ramo se encargan de los detalles. Claro, al final, el proyecto presenta los ajustes correspondientes y la aprobación del titular. En este terreno, lo más seguro, no habrá novedades en el presupuesto de ciencia y tecnología.

Sin embargo, las implicaciones más importantes para el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas podrían estar en otro lado. Desde el ejercicio fiscal 2004, el ramo de gasto para ciencia y tecnología es autónomo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Ramo 38), pero normativamente ha estado vinculado con el gasto educativo. Nada menos.

En múltiples ocasiones hemos indicado la discordancia que persiste entre lo que dice el artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) y lo que establece el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). Ambos señalan que el gasto para investigación científica y desarrollo tecnológico debe ser, al menos, de 1 por ciento del PIB, pero el primero se refiere a gasto público y el segundo a gasto nacional (público y privado). Ninguno de los dos artículos se cumple, pero se trata de una diferencia de varios miles de millones de pesos; una diferencia sustantiva.

El asunto podría tener otra implicación más. El artículo 25 de la LGE, aparte de establecer que el gasto en educación pública no puede ser menor a 8 por ciento del PIB, también especifica que: “destinado (sic) de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”. Es decir, la norma establece que se trata de gasto científico y tecnológico, pero en instituciones educativas de nivel superior, esto es, en el ámbito académico.

El tema adquiere mayor importancia porque actualmente se discute la conveniencia de poner en marcha los presupuestos plurianuales para la educación superior. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ya anunció que presentará al Congreso su propuesta en este sentido y tiene como meta alcanzar un financiamiento de 1.5 del PIB para el nivel superior en un sexenio más. Tal vez no prospere el proyecto de la ANUIES, pero, si fuera el caso, ¿qué implicación financiera tendría para las actividades científicas y tecnológicas en las universidades?

Otro elemento más que conviene tener presente es la actuación de los diputados en la aprobación del presupuesto del año 2012. No solamente se trata de su reglamentaria responsabilidad en el análisis y aprobación final del gasto (la ley de ingresos la comparten con los senadores), ésa se da por descontada.

Desde el comienzo de 2011, el diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología ha expresado su intención de instaurar nuevamente los incentivos fiscales como medio para incrementar el presupuesto del ramo.

Quizá las autoridades del sector ya tomaron las previsiones para evitar las distorsiones que llevaron a derogar los incentivos en 2009, en todo caso habría que ver si efectivamente los diputados aprueban la medida y qué montos pretenden destinar a tal efecto.

En la actuación de los diputados todavía hay un factor más. En marzo de este año aprobaron una reforma más al artículo 9 Bis de la LCyT, mediante la cual ellos mismos se mandatan a realizar las “previsiones presupuestales correspondientes” para destinar 1 por ciento del PIB a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Es decir, por fin se estarían obligando a cumplir lo que dice la ley al respecto o, al menos, a realizar las previsiones necesarias (¿plurianuales?). Falta que los senadores aprueben la reforma, pero seguramente no se opondrán, dado que la aprobación del gasto público es facultad exclusiva de los diputados.

En los próximos meses veremos qué resuelven los diputados y cuál es la verdadera densidad de las normas.