La semana anterior señalamos que las comisiones legislativas constituyen la base organizativa de la actividad del Congreso y su integración expresa los equilibrios de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. A la vez, destacamos la posibilidad de que en las actuales circunstancias de confrontación, el Congreso puede ser un espacio para la convergencia y los acuerdos. Un atento lector me hace notar que en el terreno de la ciencia y la tecnología poco hizo la pasada legislatura y pregunta por qué ahora sería diferente. En cierto modo tiene razón, pero sólo en parte. Veamos.
Los mayores cambios a la normatividad de la actividad científica no fueron realizados en la legislatura que ya concluyó. Los primeros cauces del ajuste científico fueron trazados en la ley que se emitió en mayo de1999 (LVII legislatura). Ahí estaba ya prevista la elaboración de un programa sectorial especial, la creación de fondos especiales, los procedimientos competitivos y la instauración de un foro para recoger la opinión de la comunidad científica, entre otros aspectos.
En la LVIII legislatura (2000-2003) fue promulgada una nueva ley en la materia en junio de 2002. Los cambios también fueron notables: se previó la constitución, con el ejecutivo federal a la cabeza, del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el diseño de la política y coordinación en la materia; un comité intersecretarial entre Hacienda y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para definir el siempre problemático asunto de los recursos; la instauración de un ramo presupuestal en el presupuesto de egresos para ciencia y tecnología (el ramo 38), una disposición que significó la autonomía relativa del Conacyt y su desectorización; el incremento de los incentivos fiscales; y también se afinó el diseño de los fondos competitivos y del Foro Consultivo, entre otros aspectos. En definitiva una reforma mayor que también incluyó cambios en la Ley Orgánica de Conacyt.
Si se comparan los cambios anteriores, como lo sugiere el atento lector, con lo que logró la LIX legislatura (2003-2006), pues sí, poco se hizo. Básicamente algunas adiciones y reformas al marco normativo ya existente, como la ampliación de representantes en el Consejo General de Investigación Científica, el perfil de los centros públicos de investigación, el estatuto orgánico de Conacyt y otras iniciativas. Sin embargo, no son irrelevantes las reformas que aprobó y que hoy ya tienen rango de ley.
Una de las más importantes es la que se refiere al artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, artículo que mandata destinar un gasto nacional no menor al 1 por ciento del PIB para las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico (Diario Oficial de la Federación 01/09/04: 69). Aunque, como también lo hemos reiterado en estas mismas páginas, el 9 bis expresa una grave discordancia respecto del artículo 25 de la Ley General de Educación que señala el mismo porcentaje pero se refiere a gasto público (no nacional). Una diferencia notable que bien podría ser parte de la agenda de la actual legislatura.
Otra reforma importante fue el cambio en el artículo 13 a la Ley Orgánica del Conacyt, en donde quedó establecido que las becas otorgadas por el organismo no "podrán sujetarse a requerimientos que obliguen o condicionen a garantizar el pago del monto económico a ejercerse" (DOF 24/04/06: 68). Es decir, las becas para formación no tienen más el rango de préstamos, ahora son considerados únicamente apoyos para el beneficiario. Un cambio impulsado por las marcadas diferencias entre lo público y lo privado que tenía la anterior normatividad.
Por último, la LIX legislatura también aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en marzo del 2005. Una ley derivada de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de biodiversidad, salud humana y aplicación de la biotecnología. Hoy están curso diferentes iniciativas para modificar esa ley, provocadas por una divergencia de opiniones sobre el tema en la misma comunidad científica, como el etiquetado de productos y la protección al maíz, por lo que seguramente también pasarán a formar parte de los pendientes de los legisladores.
En resumidas cuentas: sí, los cambios más fuertes al marco normativo fueron realizados en 1999 y 2002 (legislaturas LVII y LVIII), aunque también son resultado de procesos graduales. Sin embargo, la discusión no está concluida. Ahí están los pendientes heredados, los cuestionables esquemas de negociación y, más importante, resolver si las reglas que ahora tenemos son las que necesitamos. ¿La actuación de la presente legislatura será diferente? Espero que sí, pero no por su bondad, sino porque el escrutinio público cada vez es mayor.
