Desde el comienzo de los años noventa se comenzó a experimentar con la evaluación del trabajo académico individual como una política de amplio alcance. Primero en las universidades (obviemos los casos pioneros) y en los académicos de tiempo completo; luego se extendió a otros sectores institucionales, después a otros niveles educativos y, finalmente, a una buena parte del personal que labora en las instituciones académicas.
El énfasis se puso en la evaluación cuantitativa de la productividad individual para el otorgamiento de incentivos y cada sector -sino es que cada institución- tiene su propia historia de cómo se puso en marcha, la trayectoria del programa y los resultados que provocó. Ya son 15 años de un complejo y creciente sistema de evaluación que se ha vuelto parte rutinaria de la vida de las instituciones de enseñanza superior. Un sistema que tiene gran importancia para la vida laboral de los académicos, al menos para una porción importante de ellos, no solo por el volumen de recursos que puede llegar a representar del salario sino también porque ha transformado profundamente los climas institucionales y los hábitos de trabajo.
El problema con el sistema de evaluación individual, para el caso de México, es que no se podrá sostener de forma indefinida tal y como actualmente funciona. El punto de inflexión, por una parte, serán los recursos que requiere para operar y crecer al ritmo que lo demandan sus destinatarios; los recursos se quedarán a la zaga, al menos en el esquema inicial de provisión de recursos de origen gubernamental y para un sector muy localizado de académicos. Por otra parte, la presión por lo que ha ocurrido con quienes han quedado fuera de las reglas de ese sistema de valoración, o bien, el énfasis en lo que habrá de evaluar se podría desplazar, como ocurre ya en otros lugares, de la productividad en sí misma, a los resultados o efectos de esa productividad. Una situación que ejemplifica un centro de investigación del norte del país.
El año pasado, la asociación del personal académico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, un centro público especializado en investigación y enseñanza de posgrado en oceanografía física, ecología, acuicultura, sismología, geofísica aplicada, geología, electrónica y telecomunicaciones) se inconformó porque se les anunció que el programa de incentivos para el personal académico sería suspendido, ante lo cual demandaron a las autoridades del gobierno federal los recursos necesarios para que siguiera operando el programa (La Jornada 28/08/04; Campus Milenio 02/09/04). A la inconformidad expresada le siguieron aclaraciones de las autoridades de ese Centro y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y al parecer todo había quedado resuelto con la promesa de que se pagarían los incentivos correspondientes y se establecerían nuevos lineamientos para el programa.
Sin embargo, hace un par de semanas, el personal académico del CICESE informa que los nuevos lineamientos del programa no consideran ninguna de las propuestas que habían formulado en las reuniones que sostuvieron, manifiesta su desacuerdo con la nueva normatividad y demanda ser evaluado con el anterior reglamento (La Jornada 19/05/05:17).
El punto de conflicto está en la nueva normatividad del programa. El asunto no es menor porque, a diferencia del anterior reglamento (que data de 1999), en éste quedaron claramente asentados los componentes que serían evaluados, los límites de operación del programa y, lo más relevante, la aprobación de la Secretaría de Hacienda. Efectivamente, en el primer caso se estableció que serían cuatro factores: investigación y docencia (en función de su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores); la excelencia científica y tecnológica (en términos de publicaciones arbitradas); contribución a la formación de recursos humanos (tesis dirigidas y cursos impartidos); y su vinculación con el sector productivo (medido por los recursos ingresados al Centro mediante proyectos externos). Cada uno de los factores y de sus componentes recibe puntajes diferentes.
Pero el aspecto que ha causado mayor inquietud, más que los puntajes asignados o los factores a evaluar, es que los nuevos lineamientos precisan que "el pago de incentivos estará en función de la disponibilidad presupuestal y la Dirección General del CICESE determinará, en base a la disponibilidad señalada, la equivalencia del puntaje [de los cuatro factores] de los montos a asignar en lo individual como incentivos a la productividad". Es decir, el máximo que podrán percibir será con independencia de la categoría del trabajador y determinado previamente. Además, no estaría indexado, puesto que los puntajes tendrían valor monetario según las circunstancias. Pero, más todavía, según lo establece uno de sus incisos de las normas: "el máximo de incentivos que pueda percibir un investigador será el que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (p.7).
La situación del CICESE no es equiparable a las universidades públicas, ni siquiera a otros centros públicos de investigación. No solamente por el tamaño y papel que desempeña -ya nos hemos referido a ello en una entrega anterior- sino también porque constituyen sectores distintos. Sin embargo, el caso ilustra lo que parece inevitable: el punto de inflexión de los programas de incentivo en las instituciones académicas. Este año, como decíamos, se podría agudizar por los recursos presupuestales congelados por la controversia constitucional (para el CICESE son poco más de 19 millones de pesos vitales y seguramente lo mismo ocurre en otras instituciones). Ya nos ocuparemos en una siguiente entrega del aspecto pendiente: el probable desplazamiento de los aspectos a evaluar y de las exclusiones.
