El final del año anterior Campus Milenio lo cerró con una extensa y muy importante entrevista al ingeniero Jaime Parada Avila, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la que se expresaron los temas más relevantes de la actual política científica. Iniciamos el penúltimo año de ejercicio de esta administración, el último tercio, y hoy está claro que ha sido en el terreno normativo en donde se han experimentado los cambios más notables. Sin embargo, también cabe advertir que una buena parte de los cambios que se han verificado tiene un origen anterior.
En la entrevista, el director de Conacyt hizo un recuento de las principales iniciativas que se han puesto en marcha; explicó programas, detalló cifras y, tal vez lo más interesante, dio respuesta a los cuestionamientos a su actuación. La columna de su argumentación la constituyen los tres objetivos del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt): disponer de una política de Estado en la materia; incrementar la capacidad científica y tecnológica; y elevar la competitividad y la innovación de las empresas.
En cuanto al primer objetivo, el ingeniero Parada destacó la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica de Conacyt -ambas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2002-, la aprobación de incentivos fiscales a la inversión privada, así como la reforma legal del año anterior que mandata destinar el 1 por ciento del PIB de gasto nacional en ciencia y tecnología. Las modificaciones normativas significan, en opinión del director de Conacyt, que "realmente generamos el marco legal de reformas estructurales que en otros campos no se pudieron" (Campus Milenio 9/12/04).
Sin duda los cambios normativos han sido sobresalientes. Conacyt se desectorizó de la SEP, es un organismo con mayor capacidad de maniobra en el manejo del gasto científico y tecnológico, más independiente en sus decisiones, cuenta con un ramo de gasto propio en el presupuesto de egresos de la federación -esto no se sabe si ha sido positivo o no, puesto que desde que está en esa condición la propuesta gubernamental anual de gasto le asigna menores recursos- y ejerce mayor control en los centros públicos de investigación. Asimismo, la regulación legal estableció diferentes instancias (el Foro Consultivo, el Consejo General de Investigación, la Conferencia Nacional, entre otros) de asesoría y control de la política científica y tecnológica, la elaboración del programa sectorial, nuevos esquemas para el financiamiento del sector e impulso a la vinculación empresa - investigación científica.
El punto es que las modificaciones más importantes a la normatividad científica y tecnológica ya estaban previstas en la reforma de 1999. En ese año se emitió la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (DOF 21/05/99) -en cuya elaboración participaron las principales organizaciones del sector, como la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico y desde luego Conacyt y SEP-, en donde se estableció por primera vez la necesidad de formular un programa sectorial especial (artículo 2 y sección III), el impulso a la descentralización mediante convenios y/o programas con las entidades federativas (capítulo IV), la creación de fondos especiales de financiamiento a la investigación científica (artículos 15 a 20), la creación del Foro Consultivo, y la vinculación con el "sector productivo innovación y desarrollo tecnológico" (capítulo VI, artículos 26 a 29).
Como podrá notarse, varias de las iniciativas hoy vigentes y uno de los principales instrumentos de la actual política científica: los fondos sectoriales y mixtos fueron propuestos en el esquema normativo de 1999. En este último caso y al igual que en la educación superior, se trata de fondos competitivos de financiamiento adicional al subsidio ordinario. Efectivamente, como lo señaló el ingeniero Parada, los fondos tienen el propósito de incrementar los recursos que maneja Conacyt y "conectar las capacidades científicas, tecnológicas, académicas instaladas con los usuarios del conocimiento, que son: secretarías y dependencias del gobierno federal y de los estados".
En realidad, los fondos todavía no muestran claramente sus bondades o sus fallas. A la promulgación de la nueva ley del 2002, le siguió un cuestionamiento a los tiempos y formas de las convocatorias de los fondos, tanto como a la asignación de recursos. De hecho, apenas en agosto de 2003, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, elaboró casi un centenar de recomendaciones para mejorar la forma y el contenido de las convocatorias. Según el último informe de gobierno, a diferencia de lo que señaló el ingeniero Parada, al término del año pasado había 43 fondos (15 sectoriales y 28 mixtos; los primeros suscritos con igual número de dependencias y los segundos con gobiernos estatales y municipales). La estimación de recursos para ambos fondos en el año anterior era de 2 mil 400 millones de pesos, cifra que representa el 28 por ciento del total de presupuesto de Conacyt (6 puntos porcentuales más de lo que representaban en el 2003). Probablemente en los siguientes años la proporción será mayor y jugará un papel decisivo en la orientación del sistema científico y tecnológico.
Cabe advertir que no todas las modificaciones normativas estaban previstas con anterioridad, pero sí se encaminan en el mismo sentido. Esta administración planteó la instalación del Consejo General de Investigación, la creación de un ramo de gasto científico, la modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para los incentivos fiscales -aunque en la ley anterior se planteó la inversión del sector privado a través de incentivos fiscales; artículo 4 fracción 7-, la normatividad de Conacyt en consonancia con la nueva legislación de la materia, así como la adición legal de los legisladores que obliga a destinar como gasto científico el uno por ciento del PIB.
Ya nos ocuparemos de las restantes iniciativas y el detalle de las cifras.
