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Las precisiones del IV Informe. La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 96 [2004-09-09]
 

La alusión fue breve pero muy ilustrativa de lo realizado en materia de ciencia y tecnología en el informa: “Además de fortalecer la educación, es preciso dar un impulso más eficaz a la ciencia y la tecnología. Este año, se duplicaron los recursos destinados a estas áreas. Ayer firmé el decreto que reforma la Ley de Ciencia y Tecnología. Así, creamos las condiciones para que todos los órdenes de gobierno sumen esfuerzos y este sector estratégico cuente con los recursos necesarios para su desarrollo” (presidencia.gob.mx). Estas palabras fueron parte del mensaje que pronunció el presidente Vicente Fox ante el Congreso el pasado 1 de septiembre.

La importancia radica básicamente en dos aspectos. Por un lado, el dato de que este año se duplicaron los recursos para el sector, no concuerda ni con las cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ni con los anexos estadísticos del propio informe. Tal vez el equívoco en la referencia fue alentado más por un propósito que por una realidad, pero incluso en ese caso la meta es más complicada de alcanzar de lo que se anuncia.

Por otro, tal parece que la acción más relevante sobre la política científica se refiere al reciente cambio normativo en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), que establece un porcentaje mínimo para el financiamiento de esas actividades.

El problema es que no está clara la complementariedad de esa reforma y lo más probable es que no tanga ningún efecto visible. Veamos detalles de los dos aspectos.

En el texto del informe –no en el discurso que leyó el Ejecutivo- se indica que la estimación del gasto federal para ciencia y tecnología de este año es de 27 mil 949 millones de pesos, monto que se reconoce es inferior, en términos reales, en 4.6 por ciento al año anterior e, incluso, 3 por ciento menos que el de 2000 (p. 227).

En efecto, como lo hemos examinado en estas mismas páginas en otras oportunidades, el presupuesto federal para ciencia y tecnología en este año fue menor en casi 300 millones al autorizado al año previo.

De hecho, si medimos el presupuesto como porcentaje del producto interno bruto (PIB), la proporción en el año 200 era de 0.42 por ciento, mientras que en este año será de 0.39 por ciento. Es decir, no solamente no hubo duplicación de recursos, como señaló el Ejecutivo federal en su mensaje, sino que incluso en este año se registró una disminución.

En cuanto a la reforma a la LCyT, efectivamente, el mismo día en que el Ejecutivo federal rendía su informe apareció publicado el decreto mediante el cual se adiciona el artículo 9 bis a LCyT.

La reforma, como también lo hemos comentado en otras ocasiones, intenta sincronizarse con lo que prescribe el artículo 25 de la Ley General de Educación y fue aprobada por el Legislativo desde el 29 de abril de este año, pero el Ejecutivo federal no había emitido el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma la LCyT en su parte sustantiva señala que: “El monto anual que el Estados –Federación, entidades federativas y municipios-destinen (sic) a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a 1 por ciento del producto interno bruto mediante los apoyos, mecanismo e instrumentos previstos en la presente Ley” (Diario Oficial de la Federación, 1/09/2204: 66 y 67).

Además, en artículo transitorio indica que la proporción del uno por ciento del PIB en recursos se alcanzará gradualmente y se cumplirá en 2006, en el término en los cuales establece el decreto.

Cabe recordar que en las semanas y meses anteriores, diferentes grupos e, incluso, las mismas autoridades sectoriales, presionaron para que el Ejecutivo federal emitiera el decreto de reforma, tal y como ya está hecho. Sin embargo, existen algunos problemas para que realmente tenga alguna efectividad.

La reforma de la LCyT tiene una diferencia fundamental respecto a lo que prescribe la legislación educativa complementaria (el artículo 25 de la Ley General de Educación vigente): claramente señala que se refiere al gasto nacional (gasto público y privado), mientras que la normativa educativa no establece esa condición.

La diferencia es importante, porque según las últimas cifras disponibles de Conacyt sobre gasto nacional en ciencia y tecnología, la proporción para el año 2001 era de 0.71 por ciento del PIB, mientras que la del gasto federal para ese mismo año era de 0.42 del PIB.

La distinción porcentual es sustantiva y el esfuerzo por alcanzar el uno por ciento del PIB en uno u otro caso es muy diferente. No existen cifras oficiales más recientes sobre gasto nacional, aunque es probable que las proporciones se mantengan, pero lo relevante es que de cumplirse la meta del decreto en 2006, tal vez sería por la vía de los recursos privados, pero sin demasiada certidumbre sobre las bases de cálculo de las aportaciones de esa fuente y tampoco de los recursos efectivos.

La referencia al gasto nacional en el decreto no fue casual. De hecho, en el proyecto original que fue presentado en el Senado el 5 de diciembre de 2002 por un integrante de la fracción del PRD, se precisaba que el gasto nacional incluía “las erogaciones del sector público y del sector privado” (Gaceta parlamentaria, no. 83, año 2002). Tal acotación se suprimió al pasar la iniciativa a la Cámara de Diputados, pero la referencia al gasto nacional se conservó.

El informe de gobierno, a diferencia de los anteriores, no incluye un apartado especial sobre ciencia y tecnología. La escueta referencia a las acciones realizadas en esta materia se incluye en media docena de páginas, unas en el apartado de educación y otras en el de crecimiento con calidad. Nada más. Como sugerimos al inicio del texto, tal vez la alusión es ilustrativa del estado que guarda este sector.


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