El pasado 28 de junio el rector de la UNAM dictó la conferencia inaugural del Segundo Foro Global de la UNESCO en París. En su discurso, el doctor De la Fuente afirmó que “sería un grave error incluir (a la educación superior), sin legislación previa, en el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (GATS)”, y señaló además que “el libre comercio de los servicios de educación superior terminaría por aniquilar nuestra cultura e identidad.” También afirmó que “hacen un gran negocio las agencias proveedoras transfronterizas que, a través de Internet, venden servicios educativos en el marco de los acuerdos de la liberalización de los mercados, suscritos con la Organización Mundial de Comercio”, y manifestó su posición a favor de que “la acreditación de la calidad de la educación superior debe darse a través de estándares y convenios internacionales y, de ninguna manera, debe dejarse en manos de agencias privadas.” (Notimex, 28 de junio 2004).
La postura expresada por el rector de la UNAM en el foro de París coincide, en lo fundamental, con el punto de vista que han defendido las comunidades de rectores de varias partes del mundo. Como un primer antecedente relevante destaca la “Declaración Conjunta sobre la Educación Superior y el GATS” suscrita en septiembre de 2001 por la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá (92 universidades), el Consejo Americano de Educación (1,800 colegios y universidades con acreditación), la Asociación Europea de Universidades (30 conferencias nacionales de rectores de Europa) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (3 mil colegios y universidades acreditadas y 60 sistemas de acreditación en Norteamérica y Europa). Este documento concluye: “Nuestros respectivos países deben evitar compromisos en materia de Servicios de Educación Superior o en categorías relacionadas de Educación de Adultos y otros Servicios Educativos en el contexto del GATS”.
Posteriormente, un grupo de rectores de la región de América Latina y El Caribe, en el contexto de la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas (abril de 2002) suscribió la llamada “Carta de Porto Alegre”, en la cual llaman a sus gobiernos a evitar compromisos de educación superior en el GATS. Este pronunciamiento fue confirmado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que concentra a las universidades públicas del Mercosur, en agosto del mismo año.
En México, la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en su pasada XXIV asamblea general ordinaria, celebrada en Villahermosa en noviembre de 2003, acordó requerir al ejecutivo federal la presencia de representantes del sector universitario en las negociaciones multilaterales de comercio en temas concernientes al comercio se servicios de educación superior, además proyectó la idea de un mecanismo especial para la autorización de programas de educación superior (convencionales o a distancia) ofrecidos por proveedores extranjeros o transnacionales.
Todos estos pronunciamientos, hay que decirlo, no han sido suficientes para modificar la postura de los gobiernos respectivos en el marco de las negociaciones del GATS, ni las tendencias en curso. La postura oficial de EU, Canadá, la Unión Europea y la mayor parte de los países asiáticos, es claramente aperturista y se propone lograr incentivos para la exportación de servicios asociados a la educación superior, lo que incluye la oferta de programas universitarios, servicios de certificación de competencias, servicios de pruebas, y provisión de insumos de soporte a la enseñanza y el aprendizaje (courseware). El argumento base de la negociación establece que la regulación del comercio internacional (bajo las reglas del GATS y de otros acuerdos multilaterales) simplemente se propone establecer normas y criterios para un flujo comercial que se practica desde hace bastante tiempo. En realidad, la oferta de servicios de educación superior mediante la Internet tiene poco o nada que ver con los acuerdos de comercio gestados en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Por cierto, la postura de México en el marco de la OMC coincide con la posición aperturista de las potencias. Sería una incongruencia que los negociadores de la Secretaría de Economía impulsaran formas de regulación “por debajo” de nuestra Ley de Inversiones Extranjeras o distintas a la autorizadas en la red de convenios internacionales de comercio, esto es controles y límites a la inversión distintos a los previstos en el catálogo de tratados bilaterales y multilaterales suscritos por México. No hay que olvidar que nuestro país encabeza la lista mundial de los que han firmado convenios internacionales de libre comercio, y tampoco hay que olvidar que el TLCAN fue el primer acuerdo comercial que incorporó el comercio en servicios como parte de los objetos de trato.
A medida que el control de la oferta transnacional enfrenta dificultades nada sencillas de resolver, se impone la necesidad de pensar cómo, en todo caso, incidir sobre la demanda. Al respecto se abren varias posibilidades, una de ellas atiende a los mecanismos de regulación internos (qué se autoriza y bajo qué reglas y criterios), otra está relacionada con la cantidad y calidad de la oferta pública y una tercera tiene que ver con las opciones de movilidad internacional que se ofrecen a los estudiantes en el sistema superior. Estas vías no son mutuamente excluyentes y es obvio que hay que trabajar en ellas de manera simultánea.
Hace falta un mecanismo de autorización de programas y convalidación de títulos profesionales que sea académicamente riguroso. Hace falta un esquema de acreditación y certificación profesional más amplio que el actual. Hace falta extender, consolidar y poner al día el sistema público de universidades. Sin esos prerrequisitos de cambio, la batalla contra la oferta transnacional está perdida de antemano.
