En la víspera del término del periodo ordinario de sesiones, la semana anterior, los diputados aprobaron en lo general una adición a la Ley de Ciencia y Tecnología. La reforma mandata otorgar, por lo menos, 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como gasto nacional cada año para actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Sin embargo, aparte de que la redacción final del decreto está en suspenso, parece que una vez más a los legisladores les faltó tiempo para analizar en detalle la reforma y también previsión sobre las metas que se van autoimponiendo.
La iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) fue turnada por el Senado a la Cámara de Diputados en diciembre de 2002, hace más de un año, y se deriva de la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) aprobada en ese mismo mes y año. La propuesta consiste en adicionar un artículo 9 bis a la LCyT para indicar claramente que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico.
El monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios- destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley. (Gaceta Parlamentaria, no. 1481-11. 22/04/04).
Un primer aspecto a destacar es que la adición a la LCyT estaría en consonancia con lo que estipula el artículo 25 de la LGE, respecto a un monto de gasto específico para educación y otro para ciencia y la tecnología. Es pertinente esta diferencia, sobre todo en lo que se refiere al gasto público, porque permite distinguir claramente los montos de apoyo, una mayor capacidad en el ejercicio del gasto sectorial y también la obligación de rendir de cuentas.
Esto tiene importancia tanto para el sector educativo como para el científico porque se ha especulado, y no sin razón, que el gasto que se destina a la investigación en las instituciones de educación superior podría estar figurando por partida doble: una en el gasto educativo y otra en el de ciencia y tecnología.
Otro aspecto que vale la pena destacar es una pequeña pero muy importante diferencia en la adición que se propone a la LCyT. Aunque la redacción es casi igual a la del artículo 25 de la LGE, la diferencia es que en esta propuesta se específica claramente que el monto de gasto será nacional, es decir, incluye público y privado.
Un aspecto controvertido sobre el que existen básicamente dos posiciones: las mestas de gasto (8 por ciento en educación y 1 por ciento en ciencia) deben ser alcanzadas solamente por el gasto público y otra es que en ellas deben participar el esfuerzo público y privado.
Inexplicablemente no existen cifras actualizadas del gasto nacional para ciencia y tecnología; no aparecen en los indicadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del año anterior y tampoco en el último informe de gobierno. Pero los datos disponibles del programa sectorial indican que en el año 2000 este gasto fue de 34 mil 300 millones, cifra que según la misma fuente representa 0.59 por ciento del PIB. La contribución del sector privado fue de 5 mil 700 millones (16.6 por ciento), la del sector público de 28 mil millones (82 por ciento) y la parte restante del sector externo. A su vez, el gasto público representaba alrededor de 0.41 del PIB.
Al parecer las proporciones de gasto se han mantenido en estos tres últimos años, lo que implica que si se quiere alcanzar la meta de 1 por ciento del PIB en gasto para ciencia y tecnología tendría que aumentar poco más de 10 mil millones de pesos para el año 2005 y otra cantidad similar para 2006. El problema es que en este año, el gasto federal solamente se incrementó en poco más de 4 mil millones de pesos a propuesta del gobierno federal y los diputados adicionaron 300 millones de pesos más.
Las distintas fracciones parlamentarias de los diputados mostraron su beneplácito en aprobar en lo general la adición a la LGCyT. El problema surgió cuando algunos diputados reservaron la discusión en lo particular. El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del PRI, argumento que la obligatoriedad de contribuir solamente debería referirse a la federación, pues si se incluyen a entidades y municipios se estaría “violentando su soberanía”, por lo tanto, sugería suprimirlos de la redacción. Otro diputado, también del PRI e integrante de la Comisión de Ciencia, por el contrario, señaló que la redacción debería incluir además expresamente al Distrito Federal.
El problema se complicó aún más porque otro diputado de la Comisión de ciencia solicitó retirar la iniciativa (de artículo único y dos transitorios) y regresarlo a comisión. Paradójicamente se aprobó un dictamen y luego se solicitaba sustraerlo. La solución fue suspender la sesión y reanudarla en la próxima, el jueves 29. Pero el punto ya no fue abordado. Se entiende que los asuntos a legislar son numerosos, muy variados y de distinta importancia, pero cabría esperar que después de un año en comisiones el dictamen estaría fundamentado con suficiencia. No es así. Parece que tendremos que aguardar con mayor paciencia a los legisladores y tal vez esperar reformas un poco más realistas.
