En un amplio reportaje de MILENIO Diario sobre los objetivos y retos de Conacyt, la directora Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos de ese organismo, Silvia Álvarez, señala que se redoblan esfuerzos en la formación de recursos, en la reducción de la fuga de cerebros, en vincular a sus becarios con instituciones nacionales y en mejorar los procesos de seguimiento y evaluación de los mismos (16/02/2004). Dos días después, la misma funcionaria declaró que Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tomó la decisión de suspender los juicios de cobranza a exbecarios debido a los costos económicos y de imagen que han tenido esas acciones (La jornada, 18/02/2004). Sin duda esta es una decisión importante que representa un cambio notable en la política de becas de Conacyt. Pero también es una acción más que se añade a los vaivenes público-privado en política científica y en la responsabilidad errática en esa materia.
Al finalizar la década anterior, Conacyt publicó por primera vez un informe con los principales datos del programa (1971-2000, treinta años del Programa de becas-crédito. Evolución, resultados e impacto). No eran cifras censales sino estimaciones que advertían los principales logros del programa, como el apoyo a más de 100 mil becarios a lo largo de tres décadas. También la proporción de becas nacionales y para el extranjero (74 y 26 por ciento, respectivamente), su distribución por nivel educativo, área de conocimiento y género, entre otras. Una de las cifras que sorprendió fue la proporción de fuga de talentos, misma que el informe ubicó aproximadamente en 5 por ciento del total (unos cinco mil becarios).
La opinión pública y la comunidad científica tomaron los datos con escepticismo, sobre todo los referentes al total de becarios y a la fuga de talentos. En el primer caso, se dijo, no ajustaba la formación y presencia de más de 100 mil posgraduados con el tamaño y tipo de personal que labora en el subsistema de educación superior, tampoco con el aparato científico y tecnológico (según datos de ANUIES, en 1998 había 141 mil plazas académicas en números redondos en la licenciatura universitaria y tecnológica, de las cuales 57.2 por ciento solamente contaban con la licenciatura como máximo grado de estudios). La proporción de la fuga de talentos podía ser muy superior a la que Conacyt calculó, o bien el número de becarios no era de la dimensión que se presumía.
Al finalizar 2001, previo a la aprobación del gasto público del año siguiente, las autoridades anunciaron que disminuirían el número de becas. Al parecer, rectificaron en esta medida, aunque las cifras de los anexos del Tercer Informa de Gobierno de esta administración consigna un menor número de becas precisamente a partir de ese año (pasaron de 18 mil a 28 a 11 mil 934 entre 2000 y 2001). Una nota aclaratoria de las cifras justifica que desde 2001 Conacyt solamente registra las becas vigentes, mismas que no incluyen las que se dieron de baja (p. 128). Pero, ¿antes se contabilizaban y ahora no? Si es el caso, entonces no es confiable la cifra de 100 mil becarios en tres décadas.
Por otra parte, conviene recordar que precisamente en diciembre de 2001, pro primera vez desde 1984, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) dejó de pagar el estipendio mensual correspondiente. El punto es si verdaderamente fue un problema momentáneo de liquidez, como dijo Conacyt, o más bien se debió a problemas en el manejo y distribución de los recursos.
En 2002 fueron notorias las quejas por la disminución del apoyo a proyectos de investigación, el retraso en la entrega de fondos para los mismos y la suspensión del programa de repatriación. Primero fue un desplegado firmado por casi 400 profesores e investigadores de diferentes instituciones en la que solicitaron rectificación a las políticas de Conacyt (La Jornada, 11/02/2002). Después, al término del primer semestre, una polémica se registró con autoridades de la UNAM por el retraso en la entrega de recursos de los fondos de investigación. Al poco tiempo entregaron el presupuesto, pero nuevamente quedó evidencia de una conducción deficiente.
Por otra parte, el año anterior un buró contratado por Conacyt inició el cobro a ex becarios para recuperar los fondos de becas-crédito. Desde los años noventa, los becarios se han quejado por los inventos de suspender la beca en periodos vacacionales, las condiciones para obtener el apoyo (aval y esquema de inversión), la cantidad limitada de becas y más recientemente por la pérdida del poder adquisitivo de su estipendio mensual. Sin embargo, han sido escasas las expresiones públicas de negación o inconformidad por la devolución de los pagos.
Una organización de becarios del Reino Unido solicitó desde marzo de l año pasado un incremento diferenciado del apoyo, en moneda local, según tipo de becario y lugar de residencia (http://societes.su.umist.ac.uk). Lo notable es que añaden: “Estamos convencidos de que nuestras peticiones son razonables, dado que no todo el costo adicional será para el Conacyt, sino que parte de ese gasto lo asumiremos los propios becarios cuando paguemos el financiamiento correspondiente al final de nuestros estudios”.
Los pasados y actuales beneficios de Conacyt saben las condiciones de las becas. Particularmente, su responsabilidad de alcanzar el grado correspondiente, el pago del crédito y la posibilidad de bonificación parcial o total del crédito, según la duración de su actividad laboral en una institución pública. ¿Por qué suspender el cobro antes que atender las solicitudes más organizadas?
Las autoridades de Conacyt argumentan, como ya se señaló, que es más costoso cobrar que no hacerlo, pero probablemente existen otras razones. El año anterior, en el día del ingeniero, se anunció la puesta en marcha del Programa de Integración de Investigadores al Sector Productivo, mediante el cual se incluye al sector productivo como opción de empleo para los investigadores repatriados. Esta iniciativa es un cambio notable en la política de becas-crédito y desde luego impacta los ámbitos de participación, aprovechamiento y responsabilidad en la formación de recursos en los sectores público y privado. En este sentido, quizá convendría una discusión amplia sobre el hasta ahora benigno sistema de becas, la corresponsabilidad en la formación de recursos a largo plazo, las opciones reales de inserción para la fuerza de trabajo calificado y el futuro del mercado académico, en lugar de avanzar y retroceder en iniciativas que aparecen inconexas.
