En las últimas semanas han aparecido en este suplemento, al igual que en varios periódicos de circulación nacional, algunos artículos que discuten diversos aspectos de la calidad que ofrecen las instituciones de enseñanza superior. La polémica sobre este asunto se inició cuando un exrector de la UNAM denunció, en una entrevista publicada por un diario capitalino, la baja calidad académica de la mayoría de las instituciones de educación superior privada.

En este sentido, se criticó duramente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a otras entidades por la falta de información a la opinión pública acerca de los mecanismos por los cuales se otorga a un gran número de las universidades llamadas patito la autorización para funcionar.

En el caso de la Secretaria de Educación Pública se ha hecho referencia a una política de desregulación que llevó al Acuerdo 279, expedido en julio de 2000 y por medio del cual se redujeron y simplificaron los trámites para la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). En dicho acuerdo se eliminan las instancias de supervisión y evaluación de la SEP sobre los establecimientos, programas y planta académica.

Ante la creciente demanda por educación superior que las instituciones públicas no han sido todavía capaces de satisfacer y la desregulación antes mencionada, no es de extrañar que los establecimientos privados hayan proliferado.

El asunto ahora es cómo deshacer el entuerto provocado por años de negligencia y descuido y que ha llevado a un número tan grande de instituciones a operar con bajísimos niveles académicos. Llevar a cabo la supervisión continúa y a fondo de tales instituciones se antoja una tarea titánica, que requeriría de un enorme número de personas capacitadas en tales actividades. Habría también que pensar en todas las implicaciones jurídicas que resultarían del número de amparos que podrían recibirse por los establecimientos que consideraran afectados sus derechos. Ambas acciones, por supuesto, también requerirían de importantes recursos económicos. ¿Existe, entonces, alguna solución para esta problemática?

Aunque no se vislumbra resolverla en el corto plazo, ya han comenzado a realizarse algunas medidas en esta dirección. En este caso, nos referiremos a dos de ellas. La primera se relaciona con la acreditación de programas académicos, principalmente en el nivel de licenciatura. Los antecedentes de esta serie de acciones provienen del funcionamiento de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES), y en la actualidad han proseguido con la creación de la Comisión para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

El objetivo de este último organismo es la constitución de una comisión autónoma que permita el establecimiento de unidades acreditadoras conformadas por asociaciones profesionales que dictaminen acerca de los distintos programas académicos en las distintas áreas disciplinarias. De esta manera los programas ya no serán sancionados por las autoridades gubernamentales, sino por asociaciones de pares.

El otro mecanismo es el correspondiente al nivel de posgrado y ha sido llevado a cabo desde hace varios años por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se trata del Padrón Nacional de Posgrado, en el cual se combina una serie de rigurosas medidas de evaluación que han de cumplir los programas que pretendan ser incluidos en el padrón.

Entre los aspectos que deben satisfacer los programas están el perfil del personal académico (escolaridad, pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores) y la infraestructura disponible (aulas, biblioteca, equipamiento). Asimismo, para poder permanecer en el padrón, los programas han de ser evaluados periódicamente. De esta manera, el hecho de ser evaluado positivamente y ser incluido hacen que, de hecho, el programa académico obtenga una acreditación por parte del CONACYT.

Más allá de los simplistas conceptos gerenciales acerca de la calidad, es conveniente seguir examinando los criterios que pueden llevar a una definición más completa y equitativa.

Este esfuerzo no deberá perder de vista la creación de mecanismos para que la mayor parte de los programas y sus respectivas instituciones puedan acceder a los niveles más altos y no se conviertan en instrumentos que conduzcan a una segmentación que a larga resulte insuperable para las instituciones con menores recursos.