Acorde con los nuevos tiempos, el pragmatismo alegremente campea en el territorio de la academia. Los estudiantes demandan carreras útiles para el empleo y postgrados que les permitan competir en un mundo de credenciales. A la investigación se le exige relevancia e impacto, y los académicos son evaluados y diferenciados por su productividad, medida ésta en publicaciones, resultados y actividades certificadas. Se busca, además, establecer sistemas para adecuar la distribución del subsidio a las instituciones con base en indicadores de desempeño. Son criterios pragmáticos porque establecen juicios de valor y de verdad con base en los efectos prácticos de las realizaciones.
“Ahora, todos somos performativistas”, señala a propósito Ronald Barnett en Claves para entender la universidad [Barcelona, Pomares, 2002, pág. 62]. Su afirmación hace notar la tendencia a valorar, en cosas, procesos o actividades, las características de eficacia y utilidad por encima de cualquier otro tipo de atributos. Esta visión ha conseguido impregnar el sentido de nuestros juicios de valor, trasladándose a los más diversos dominios de aplicación, el conocimiento incluido. Hoy en día, afirma el mismo autor, apreciamos el conocimiento por lo que es capaz de producir, por el valor que agrega a los bienes y, sobre todo, por su poder de transformación del mundo. Si esto es así, las universidades, como entidades que crean y transmiten conocimiento, se ven no sólo presionadas para demostrar su utilidad real, sino que están en competencia con otros ámbitos que tienen capacidad de crear y comunicar conocimientos.
Este último es también el argumento de Michael Gibbons cuando habla de los nuevos modos de producir conocimiento, más ligados a la solución de problemas específicos, generalmente de orden práctico, que a la indagación paradigmática de enigmas. Visto desde el ángulo de un nuevo conjunto de reglas que se sobreponen a las prácticas tradicionales de la enseñanza superior y la investigación científica, o visto desde la perspectiva de la competencia por el conocimiento válido, un común denominador de las transformaciones que experimenta la universidad contemporánea proviene de la tendencia del mercado a colonizar, cultural y materialmente, el mundo de vida académico. En este sentido, resulta muy sugerente la observación de Jeremy Rifken acerca de los bienes de la cultura: “la vida cultural es una serie de experiencias que la gente comparte y, por tanto, plantea cuestiones de acceso e inclusión... A medida que una cultura compartida se descompone en experiencias comerciales fragmentadas, los derechos de acceso se van trasladando del dominio común al ámbito comercial” [La era del acceso, México, Paidós, 2001, pág. 191]. El conocimiento es precisamente uno de esos bienes culturales atraídos hacia la órbita del mercado.
A estas tesis puede objetarse con argumentos que hagan notar que, en realidad, el conocimiento siempre tuvo una orientación práctica, esto es un valor de uso que eventualmente se convertía en valor de cambio. Eso es verdad, pero también es cierto que la universidad moderna desarrolló y consolidó una serie particular y compleja de valores distintos del pragmatismo. Entre ellos, el conocimiento como un fin en sí mismo; la crítica como forma de conocimiento; la libertad académica, que implica que el contenido de la enseñanza y la investigación es definido y controlado por el sujeto que la practica, Desde su autonomía, las universidades fueron capaces, por largo tiempo, de protagonizar la agenda de conocimiento, de sancionar su validez como ciencia y de transmitirlo como formación profesional. Estos valores y capacidades organizaron la episteme de la universidad; episteme que hoy es desafiada, en todos sus alcances, por una nueva visión pragmática del saber: la sociedad del conocimiento.
A esta fase crítica en la trayectoria histórica de la universidad, algunos le ven rasgos de oportunidad y otros más bien de crisis. El predominio del mercado en las formas de organización, convivencia e intercambio, así como su poder simbólico en el imaginario social, se traduce naturalmente en modalidades de privatización del espacio público y acaba por imponer el valor de la eficiencia a las prácticas. Es una lógica casi inexorable, aunque también es imperfecta: las exclusiones que genera la competencia son, a la postre, factores de riesgo para la estabilidad del sistema.
Más aún, en economías dependientes con capacidades tecnológicas y productivas limitadas, no es precisamente el mercado el polo que atrae y que efectivamente demanda conocimientos y destrezas de alto nivel. Es más bien una idea de mercado: reglas de mercado sin mercado. En tal escenario no es difícil encontrar distorsiones y paradojas. Por ejemplo, que sea el Estado y no el sector privado, quien se encargue de procurar los vínculos entre ciencia y tecnología, que exista una agencia (gubernamental) de protección intelectual que se dedica principalmente a la cacería de piratas de software y música, que la gran mayoría de los programas de estímulo académico, así como las becas, premien la vocación de investigación y subestimen el trabajo docente, del que dependen, por cierto, prácticamente todas nuestras instituciones de enseñanza superior, y muchas más.
