De cuando en cuando, los medios informan acerca de maniobras que agentes ajenos a las universidades realizan para socavar uno de los principios fundamentales para el desarrollo pleno de sus funciones sustantivas: la autonomía. Tenemos, por ejemplo, el reciente caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), en el cual un diputado presentó ante el Congreso estatal una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad universitaria.
En otras ocasiones hemos presenciado cómo las disputas entre autoridades estatales y directivos universitarios han tomado a la universidad como terreno para dirimirlas. Sucesos semejantes ocurridos en diversas universidades latinoamericanas —como la intervención armada en la Universidad de Puerto Rico hace algunos meses— muestran que la autonomía universitaria está en constante amenaza. Por el contrario, resultan reconfortantes las expresiones como la ocurrida la semana pasada por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), al manifestar públicamente su respeto por la autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Todo esto viene a colación porque en días pasados se llevó a cabo en Guadalajara el foro “La autonomía universitaria hoy: experiencias y desafíos en América Latina”. El encuentro se realizó en el marco de la 81 sesión del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). Como se sabe, esta asociación se creó en 1949 y tiene entre sus principales objetivos promover la integración regional, defender la autonomía universitaria e impulsar la calidad y la pertinencia de la educación superior.
Durante los trabajos de la reunión en la capital jalisciense también se creó la Cátedra Rafael Cordera Campos “Jóvenes y educación superior en América Latina y el Caribe”, en honor de quien fuera secretario general, cuyo fallecimiento ocurrió a fines del año pasado. Cabe señalar que la cátedra tiene como propósito difundir el conocimiento de los jóvenes y la educación superior en torno de problemas como acceso, equidad, servicios de apoyo, participación en la vida social, oportunidades laborales, vida familiar y participación política.
Las conclusiones de los trabajos quedaron plasmadas en la Declaración de Guadalajara sobre Autonomía Universitaria, documento firmado por el Consejo Ejecutivo y representantes de organismos de cooperación y estudio de la propia UDUAL, así como otras organizaciones invitadas. En los considerandos se reiteraron los esfuerzos por conseguir el reconocimiento de la autonomía y su defensa como medio para garantizar la función espiritual de la universidad, así como la libertad científica, administrativa y financiera. También subrayaron que la autonomía es la esencia misma de la universidad y la condición para que ésta pueda cumplir su misión y sus responsabilidades sociales. Asimismo, se precisó que los estudiantes constituyen el sujeto y la razón de ser de la universidad, por lo que se reiteró la independencia de sus organizaciones.
La declaración destaca también que la universidad se enmarca en un amplio conjunto de prerrogativas fundamentales, entre las cuales sobresalen la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra para que, con base en ellas, se genere el conocimiento y se tienda a la formación integral de la persona y el desarrollo democrático de la sociedad.
Se reafirmó, además, la exigencia de que el Estado financie de manera suficiente a la universidad, con el fin de que ésta pueda cumplir con su labor social. El último de los considerandos coincide con lo expresado al final del primer párrafo de estas líneas, en el sentido de que en los tiempos recientes, a lo largo y ancho del territorio latinoamericano y del Caribe, han ocurrido hechos que lesionan la autonomía y el clima de libertades que las universidades precisan para alcanzar sus fines académicos y sociales.
Con base en las consideraciones anteriores, el documento declara que la educación superior universitaria es un bien público al servicio de toda sociedad, al ser un derecho fundamental en las esferas individual, institucional y social. Asimismo, subraya que la universidad contribuye a la institucionalización de una sociedad libre y democrática mediante el ejercicio crítico, reflexivo y dialógico del pensamiento.
Destaca, asimismo, que el concepto de autonomía comprende el sentido de independencia en todas las funciones universitarias: en el gobierno, en la organización, en la docencia, en la investigación y en la extensión, así como la independencia del movimiento estudiantil. Acerca de éste, reitera que es pilar fundamental de la autonomía, por lo que se reconoce y garantiza su independencia en cuanto a su funcionamiento, organización, financiamiento y gobierno.
En la Declaración de Guadalajara se precisa que la autonomía toma sentido cuando permite que las universidades contribuyan a las transformaciones que la sociedad necesita para alcanzar el bien común. El otorgamiento de un financiamiento suficiente y oportuno es un aspecto sobre el cual se vuelve a insistir en otro de los puntos del documento. Los firmantes se comprometen también a velar por la preservación y vigencia del principio de autonomía dentro y fuera de los establecimientos universitarios. Por último, se expresa el compromiso de fortalecer la solidaridad entre las instituciones que integran la UDUAL.
Más allá de la retórica tan común en este tipo de documentos, su aparición y difusión adquieren una significación especial en tiempos que siguen siendo difíciles para preservar, en toda su integridad, el principio de autonomía como elemento imprescindible para que las universidades públicas de la región latinoamericana y del Caribe puedan cumplir cabalmente con sus funciones de docencia, investigación y extensión.
Por ello, resultará siempre oportuno que las universidades y organizaciones afines reiteren su exigencia por el respeto irrestricto a la autonomía universitaria. La defensa de ese principio siempre habrá de resultar benéfico para los individuos, las instituciones y la sociedad en general.
