En medio de la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la Ley de Egresos para 2005, se logró un acuerdo unánime entre los rectores y directivos que asistieron a la XXIV Sesión Ordinaria del Consejo de universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA). Los incrementos a la educación superior asignados por los diputados a las cantidades presentadas en el presupuesto de Egresos federal no pueden ser modificados, entre otras razones, porque hacen falta para el progreso educativo del país.

Hay evidencias empíricas que demuestran que la educación superior tiene mayor impacto social a medida que aumenta la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) que los gobiernos invierten en este renglón.

Lo mismo ocurre con la investigación científica. Se hace más viable la equidad, aumenta y mejora la infraestructura, el costo por alumno, se cuenta con más recursos para producir conocimiento y se resuelven de mejor manera el rezago y problemas añejos que afectan a las instituciones. Ciertamente, el financiamiento no los soluciona todos pero, dado lo ocurrido en los últimos años, lo añadido por la Cámara viene a dar un respiro a las universidades públicas.

Es incomprensible que el gobierno federal enviara a la Cámara una propuesta para el año próximo en la cual disminuía el porcentaje del PIB en educación superior y ciencia y tecnología en relación con 2004.

Un cambio para retroceder que ha tenido un efecto boomerang porque, con el presupuesto aprobado en la Cámara, es el propio gobierno el que resulta dañado.

A los ojos de analistas y ciudadanos aparece la escasa prioridad que el gobierno federal le atribuye a la educación superior pública, observada en la sociedad como la única palanca de movilidad social que todavía queda para las generaciones presentes y futuras provenientes de familias que se han pauperizado. No se entiende cómo el gobierno pretende que México se desarrollo sin personas preparadas en las universidades públicas.

De ahí la reacción de los diputados y las intensas negociaciones que llevaron a cabo las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación con la Secretaría General Ejecutiva de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que contó con el apoyo de los rectores en este proceso.

Si se hace un análisis de las cantidades adicionadas por la Cámara resulta que las quince universidades públicas que reciben un menor subsidio fueron, en conjunto, las más beneficiadas en términos relativos, lo que habla de una óptica distributiva para disminuir las grandes brechas que existen entre las instituciones.

Asimismo, es notable que las universidades federales hayan obtenido más recursos, pues en el proyecto presentado por el Ejecutivo se proponían disminuciones en las cantidades del Presupuesto para el 2005, que en el caso de la UNAM, por ejemplo, eran de 175 millones de pesos y en el del Politécnico nacional de 326 con respecto al cierre estimado del gasto para 2004.

Seguir una pauta que fortalezca a las universidades públicas es de importancia vital para impulsar la desconcentración y el federalismo en materia educativa. Más todavía, no ayuda a que la ciencia vaya siendo parte indisoluble de las casas de estudios. Sería de esperar que el fortalecimiento de las universidades se asocie a mejores condiciones de trabajo para los académicos y de más apoyo a sus labores.

Hay suficientes muestras de que la institución a la cual se pertenece abre o cierra posibilidades a la carrera académica. En un estudio se reporta que a mayor consolidación académica de una institución mayores son las probabilidades de contar con investigadores nacionales, cuya proporción es uno de los indicadores más usado en la evaluación.

En estas instituciones, por lo regular, existe un clima de libertad, confianza y responsabilidad que es crucial para un buen desempeño de los académicos y del ejercicio de la autonomía.

En un contexto de escasez es necesario asignar recursos económicos de manera efectiva. Las instituciones que cuentan con ellos y con mayores capacidades para allegárselos estimulan cambio s en los patrones de la actividad académica y se involucran en proyectos docentes y de investigación con miras de más largo alcance.

Además, de lo dicho, hay otras cuestiones que pueden resaltarse de los incrementos al proyecto de Presupuesto para 2005. Un aspecto relevante es que se aprobó una cantidad, reducida pero fundamental, para que se comience a resolver el problema de las plantillas de personal no reconocidas por el gobierno federal.

Se trata de plazas otorgadas que no cubren la totalidad del salario al cual se obligan las universidades para contar con personal idóneo. Los faltantes, más los incremento en prestaciones de toda la nómina, incluida la antigüedad, provocan un movimiento inercial que tiende al déficit en los gastos de las instituciones. A lo anterior, algunas agregan adeudos a sus gastos de operación que, como señalaron varios rectores en la reunión del CUPIA, son imposibles de cubrir con el subsidio ordinario.

Así, todavía se requieren medidas extraordinarias de parte de los gobiernos federal y local para que las universidades estatales no se vean sujetas a tensiones que alteren su funcionamiento, como paso en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace unos meses.

El financiamiento, las plantillas de personal no reconocidas y el problema de las jubilaciones y pensiones son, sin lugar a duda, tres de los asuntos más importantes en la agenda de la educación superior, a los cuales la ANUIES y los rectores están dedicando una atención especial.

Sería deseable que el diálogo un nuevo enfoque de la vida universitaria de parte del gobierno, con respeto a la autonomía, contar con información confiable y oportuna y un manejo político adecuado, como el seguido por la agrupación de las universidades, eliminen las incertidumbres del camino para que la educación repercuta positivamente en el desarrollo de la sociedad. La nación lo merece.