Desde finales del siglo pasado la educación superior en México está conformado por un sistema crecientemente complejo, diversificado y diferenciado que es muy difícil de controlar y coordinar. Está dividido en cuatro grandes segmentos: el de las universidades públicas, federales y estatales, los institutos y universidades tecnológicas, la educación normal y las entidades privadas.
Las características del Sistema de Educación Superior (SES) dificultan el manejo del conjunto, sobre todo cuando se trata de aplicar reglas o criterios generales. En el sistema y entre los segmentos hay distintas condiciones jurídicas (algunas instituciones son autónomas y otras no), en el sector público hay una especie de sobrerregulación, que más asfixia que ayuda, mientras que en el privado existen escuelas que funcionan prácticamente sin control; las instituciones ubicadas en cada segmento del sistema difieren en sus formas de organización, orientaciones educativas, lógicas de funcionamiento y crecimiento, fuentes y mecanismos de financiamiento y, públicos a los que se atiende.
La heterogeneidad del SES es una de sus rasgos estructurales más sobresalientes y también se presenta en el interior de los segmentos. Hay universidades públicas muy fuertes por sus capacidades académicas y otros bastante débiles, tecnológicos que tienen demanda y otros que funcionan con exceso de instalaciones, universidades privadas de élite e instituciones particulares que, como todo el mundo sabe, tienen un alumnado de clase media y no cumplen con estándares mínimos para la enseñanza.
El Sistema de Educación Superior del país es un mosaico de realidades que debe ser tomado en cuenta para la elaboración de las políticas públicas. En la época reciente, su dinámica ha sido establecida por el fortalecimiento del segmento tecnológico, la participación femenina en la educación terciaria y el aumento de la matrícula escolar, la ampliación del posgrado y la creciente expansión de escuelas particulares en este nivel educativo.
Quiero destacar la importancia que ha tenido el posgrado en esta dinámica por lo que representa para la formación de cuadros de alto nivel para ampliar las capacidades que mejoren la enseñanza y la producción de conocimiento. El número de programas, particularmente de maestría, ha tenido una expansión enorme lo mismo que la matrícula que, desde 1990 hasta la fecha, prácticamente ha doblado su volumen, representando ahora casi 150mil estudiantes.
Sin embargo, una escasa proporción de los programas cumple con los estándares de calidad señalados por las autoridades del ramo y muchos son únicamente especialidades o cursos, en las escuelas privadas, que otorgan diplomas para satisfacer el credencialismo en el mercado laboral. Estas escuelas han encontrado una amplia base de clientes para el posgrado, pues ya absorben aproximadamente dos quintas partes de la matrícula. El posgrado está bastante concentrado territorialmente hablando, lo mismo que los docentes y las personas que cuentan con algún grado.
Siendo el posgrado un factor fundamental para la dinámica de todo el sistema, espacio natural para vincular la docencia con la investigación, estimular la vocación científica y entusiasmar a los jóvenes hacia la creatividad y producción del conocimiento, bien valdría la pena atenderlo para revisar las normas que lo rigen como parte del marco jurídico global de la educación superior y bajo un enfoque político guiado por la integración y convergencia de esfuerzos académicos, un modelo de cambio que sirva para el propio posgrado y para sus relaciones con la licenciatura.
Todas las transformaciones del sistema, hasta ahora, han tenido un fuerte contenido político. Para lograr los que siguen, las cuestiones políticas estarán muy presentes porque se requerirán amplias negociaciones entre las instancias del gobierno y las instituciones, arreglos en las agencias gubernamentales para que ejecuten las políticas derivadas de una gestión participativa y medidas orientadas a la atención de los grupos sociales demandantes de educación superior, así como para crear sistemas educativos regionales y estatales que permitan hacer realidad la equidad en el acceso y en las oportunidades para educarse en todo el país.
Para desarrollar la educación superior de aquí en adelante, será indispensable coordinar efectivamente el sistema, instaurar nuevas formas de gestión, articular intereses políticos con los actores de la educación y concertar respuestas a la problemática actual. En este sentido, es necesario marchar hacia aun nuevo esquema de relaciones entre el gobierno y las instituciones de educación superior con base en la formulación de un proyecto educativo del cual se deriven políticas para el sistema, segmentos y unidades componentes que trasciendan los periodos sexenales.
EN EL INTERIOR
Hablando del posgrado, no se puede dejar pasar la noticia, anunciada en la radio, de que el Conacyt no ampliará de ningún modo los plazos para que los becarios en el extranjero, que están por confluir su disertación, tengan un poco más de tiempo para presentar su defensa de grado. En la radio se dijo (noticiario Hoy por Hoy de la mañana del día 30 de julio) que quienes están en este caso o se regresan sin terminar o se consiguen su propia fuente de ingresos para permanecer en su universidad por el periodo que les falte.
Hasta donde se conoce, por vía de los comités de evaluación, los becarios en el extranjero cumplen con sus programas y, muchas veces, la rigidez de los tiempos es causada por las propias universidades en las que estudian (periodos fijos para presentar los exámenes, procesos de integración del jurado, trámites, etcétera). México carece de doctores en todas las disciplinas del conocimiento y medidas como la anterior favorecen este hecho y auspician la fuga de cerebros; esto es, perdemos nuestra inversión económica y nuestro capital social. Regalamos lo que no tenemos a quienes menos lo necesitan.
El Conacyt ha hecho un esfuerzo serio para continuar funcionando, pero la falta de recursos ha minado sus posibilidades de éxito. Ha tenido que cancelar o prácticamente liquidar los apoyos a sabáticos y el programa de repatriación. Además, este año redujo el número de becas nuevas al extranjero. La negativa a ampliar los plazos para que terminen los becarios en el extranjero se inscribe, en parte, en esa misma lógica: falta de dinero.
Desde hace más de treinta años los científicos de todos los campos hemos esgrimido una infinidad de argumentos para que el gobierno apoye a la producción de conocimiento, lo que supone la formación de investigadores. Hemos tenido que asumir su trabajo para decir cómo y, no obstante, nos han hecho poco caso. Hoy, cuando el conocimiento es el insumo indispensable para producir y progresar, apreciamos con claridad el escaso interés que se tiene en México por este bien.
Dentro del gobierno es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la instancia más insensible a este tipo de problemas y es la que influye de manera más decisiva en los programas educativos (hasta en las plazas que se otorgan). A esta secretaría parece importarle un comino lo que suceda con la ciencia en el país. Por ejemplo, este año fue incapaz de destinarle al sector científico algo de los ingresos extraordinarios del petróleo. La ciencia no se ajusta al modelo económico que le imponen a la sociedad y el modelo económico no se ajusta a la ciencia. Resta decir que para el presupuesto del año en curso los diputados tampoco prestaron la atención debida a los pésimos resultados que iba a tener el Conacyt por el recorte de sus recursos.
Como en el ensayo de Saramago, la ceguera se expande y, si no paramos y abrimos los ojos para ver, de aquí a poco la falsa conciencia estará justificando el deseo de volver al pasado, que es uno de los mayores riesgos que corremos. En los días futuros, quienes trabajamos con compromiso en la academia tendremos esperanza e insistiremos en la importancia de lo que hacemos, pues siguiendo al mismo autor: “No hay bien que siempre dure ni mal que no se atore”.
