Los argumentos que uno tiene como académico se elaboran a partir de responder interrogantes mediante el análisis y la observación sistemática de la realidad, aquella que uno construye mediante una serie de instrumentos. Este texto quiere transmitirle al lector un conjunto de dudas acerca del manejo de las universidades públicas que surgen de una mirada al pasado inmediato.

El periodo de la historia mexicana en el cual nos encontramos inmersos está urgido de reflexiones e interpretaciones de lo que acontece. Cuando se hacen desde una perspectiva científica tienen un alto contenido crítico que va más allá de la pequeña frase del político –como diría Milan Kundera-, del sentido común y las ideas simplistas. Constituye un arma bastante eficaz para formular opciones de cambio y, por tanto, choca con intereses creados que la refutan. Reconozcamos que la crítica en estos términos rompe el silencio y le da valor a la palabra sustentada, que es con la cual se avanza. Los argumentos que uno tiene como académico se elaboran a partir de responder interrogantes mediante el análisis y la observación sistemática de la realidad, aquella que uno construye mediante una serie de instrumentos. Este texto quiere transmitirle al lector un conjunto de dudas acerca del manejo de las universidades públicas que surgen de una mirada al pasado inmediato. Ojalá llamen su atención.

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS HAN HECHO SU PARTE

En el caso de México han ocurrido importantes modificaciones en la estructura social (por ejemplo, en el modelo de desarrollo, que ahora enfatiza la apertura de la economía y la competencia, en la alternancia política y en el mercado laboral, donde falta empleo formal). Al mismo tiempo, en los últimos tres lustros las universidades públicas han tenido transformaciones muy importantes y uno se cuestiona si la sociedad y el sistema educación superior han guardado cierta intersección en sus procesos de cambio.

A veces se quiere dar la impresión de que la educación universitaria va rezagada, lo cual justifica una serie de políticas. En otras, resulta que no es así sino todo lo contrario. La vinculación universidad-sociedad depende, en parte, de cómo el gobierno se relaciones con las instituciones de enseñanza e investigación. Y la pregunta es si tal relación tiene visos de agotamiento, proceso que parece manifestarse desde hace varios sexenios.

Mi punto de vista es que con todo y la escasez de recursos del subsidio oficial, las universidades públicas han hecho su parte en un sistema educativo perjudicialmente heterogéneo, cuyos defectos se mantienen.

Las capacidades institucionales siguen siendo muy diferentes. Las políticas son sistémicas, pero de ahí no se derivan otras específicas para segmentos, regiones geográficas y unidades componentes. La marcha va sobre un mismo rasero.

CONTRADICCIONES ENTRE LOS ACTORES POLÍTICOS

Las reglas del juego, en su forma explícita, son parejas para todos, aunque de antemano se conozca que existen universidades que no pueden o tienen dificultades para cumplirlas. Cuando éste es el caso viene la excepción y la discrecionalidad de los recursos disponibles, las presiones y la manifestación de los pesos políticos.

Uno de los obstáculos para resolver problemas como los que supone manejar y coordinar el sistema radica en que hay desacuerdos entre las secretarías de Estado, el Congreso y las universidades, asociadas o en lo individual. A lo que se añade que la política científica tiene su propia lógica, que puede o no coincidir con la de las universidades públicas, que son el asiento principal de la investigación del país.

La forma como se presentó y distribuyó el presupuesto para este año ilustra claramente las contradicciones entre los actores políticos, lo que puede repercutir negativamente de continuarse in un proyecto que efectivamente tenga consenso real. ¿El régimen tendrá posibilidades de hacer lo que se llama una política de Estado para brindarle a la educación superior seguridad, confianza, continuidad y respeto a los lineamientos académicos e institucionales?

Hay otro punto que a muchos de los que intervienen en la política educativa les produce dolor de cabeza. En las últimas épocas, la estructura de las relaciones entre el gobierno y la universidad pública se ha fincado en sistemas de evaluación de todo tipo. Y aquí el enigma es si la evaluación ha impulsado efectivamente la calidad y la innovación académica. ¿Quién dice que sí o que no? Lo cierto es que no ha habido un ejercicio –al menos conocido por la academia- que de manera transparente nos diga cuáles son los resultados que se han obtenido hasta ahora con toda la diversidad de instrumentos de evaluación que se han aplicado en varios periodos.

¿Cómo se entera la sociedad de los avances o retrocesos? No es suficiente decir cuál ha sido el crecimiento de la matrícula y que eso refleja equidad. Cada vez son menos convincentes los eslogans. ¿Cuáles serían los 8 ó 10 indicadores aceptados por todas las instituciones públicas para que la sociedad pueda entender cómo se mide y cuál es el pulso de la educación superior? ¿O seguiremos corriendo el riesgo de que quien tenga fuerza política distribuya los recursos monetarios con un solo indicador?

A partir de la experiencia con la evaluación, ¿es necesario establecer nuevos procedimientos o los que tenemos funcionan bien? ¿Se cambian a voluntad del gobierno en turno? ¿Se les ha preguntado a los académicos –últimos destinatarios de las políticas oficiales- qué opinan de todo esto? En fin.

Hay formas de saber cómo andamos en materia de educación superior, de aproximarnos a lo que se ha obtenido de las políticas. Pero un análisis objetivo y, por tanto, profundo que oriente las políticas y descubra sus fallas requeriría el establecimiento de un sistema de información con acceso de un sistema de información con acceso para los investigadores del campo.

La inexistencia de información estadística amplia, oportuna, continua, confiable y válida es una de las grandes lagunas para diagnosticar, analizar y evaluar qué pasa con la educación de tercer nivel.

En la creación de un sistema de datos es ineludible que participen académicos de varis lados del país, lo mismo que en el diseño de los instrumentos de registro y en el análisis de informes y resultados. Lo señalado en este texto son algunas dudas que la academia se plantea sobre aspectos sustanciales de la política educativa de nivel superior. Sabe el gobierno que debe resolverlas. No queda otra alternativa a la crítica ya ala participación si se quiere tener legitimidad y apoyo a las decisiones. Y hay que darnos prisa porque se hace tarde.