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Universidades en estado de excepción
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 59 [2003-11-27]
 

Las políticas educativas del gobierno tienen un impacto muy fuerte en la dinámica del sistema de educación superior y, particularmente, en el devenir de las universidades públicas. Su influencia se deja sentir a través del financiamiento.

Al respecto, para simplificar, hemos pasado por las siguientes etapas: una, donde el gobierno entregaba el subsidio indiscriminadamente, más orientado a satisfacer que a modelar las demandas de las instituciones. Otra, a partir de la crisis de la deuda externa, cuando se instaura una fase en la cual el gobierno busca tener injerencia en la vida de las universidades por medio de la racionalización en el uso de los recursos y de la entrega de ingresos extraordinarios por vía de la competencia.

A esta segunda etapa, el gobierno actual le agrega una característica. En estos tres años se ha seguido la pauta de presentar en su propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, una cantidad de recursos menor a la del año anterior. Su línea es debilitar aún más la esfera de lo público. Tira la piedra y esconde la mano para dejar en el Congreso de la Unión la responsabilidad de definir la parte correspondiente del presupuesto a la educación superior. En los años pasados, y éste no será la excepción, la Cámara de Diputados ha debido hacer frente al problema y otorgar un monto mayor al solicitado por el Ejecutivo de tal suerte que las dificultades por las que atraviesan las instituciones no cobren una dimensión más grande.

Con presupuesto restrictivos y austero, las universidades públicas han cumplido hasta ahora con sus compromisos y han tratado de mejorar continuamente sus actividades. Se han abierto nuevas opciones de estudio apropiadas a los problemas del entorno y las oportunidades de acceso a un mayor número de estudiantes, se ha reforzado el posgrado, la investigación y han seguido difundiendo la cultura. Nuestras universidades públicas son casas de cultura y en algunas entidades federativas casi las únicas que realizan esta labor.

Con toda franqueza, el gobierno es el que no ha cumplido sus ofrecimientos. Muestra una actitud de querer ir para atrás. Una ilustración del punto se puede dar con el siguiente ejemplo. El subsidio ordinario para las universidades públicas que contiene el presupuesto federal presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso es, aproximadamente, inferior en cinco por ciento al presentado el año pasado. Esto es indicativo del menosprecio de la SHCP por las instituciones universitarias y a la academia. Hasta para un lego es evidente que lo solicitado no alcanza, además de que será todavía menor por la inflación se produzca el año próximo.

Este contexto obliga a las universidades a que, por lo pronto, programen sus gastos para el año 2004 sobre los techos financieros regularizables de 2003, sin incluir los aumentos salariales y contractuales que se definen en los próximos meses. De entrada, los egresos programables tienden a ser deficitarios y los rubros de apoyo directo a las actividades sustantivas muy pequeños, lo que induce a las instituciones a buscar ingresos extraordinarios mediante los programas del gobierno federal y a sujetarse a sus condiciones. Esta forma de operar impide que el país produzca, al ritmo que se necesita y se le demanda, los cuadros profesionales y el conocimiento para hacer frente a sus desafíos.

El Ejecutivo se comprometió a elevar el subsidio a las instituciones de educación superior públicas hasta llegar a uno por ciento del PIB en el año 2006. Para tener una idea de los incrementos necesarios para alcanzar esta meta, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hizo un cálculo del monto que debería destinarse a la educación superior cada año. Si se compara la cifra que se presenta en este estudio para el año 2004, con el monto del subsidio solicitado este año por el gobierno, hay un déficit de 13 mil millones de pesos, en números redondos. Un déficit menor, de aproximadamente cinco mil millones de pesos, aparece si se compara con la cifra del subsidio proyectada en el estudio a partir de los incrementos inerciales. Esta es la cantidad precisa que con justeza está solicitando la ANUIES como ampliación del presupuesto federal para el año próximo, para mantener la operación de las universidades públicas.

De no aprobarse, la situación se tornará más grave y complicada. La educación suprior se pondrá en estado de excepción. Porque, salvo algunas de éstas, las universidades públicas estatales dependen básicamente del subsidio federal debido a que las aportaciones de los gobiernos locales resultan insuficientes para satisfacer las contingencias y menos aún para atender las necesidades de crecimiento de la matrícula, ofrecer nuevas opciones educativas y aumentar la calidad. Hasta ahora, la lógica centralista ha consistido en hacer más con menos, lo cual tiene un límite para que no se deprima la educación.

Los resultados de las políticas del foxismo para la educación superior han tenido entre otros efectos mantener la estratificación de las universidades públicas y recrudecer el rezago. En el país, desde hace un lustro por lo menos, hay entre trece a quince universidades públicas estatales que no alcanzan a manejar cada una ni el uno por ciento del subsidio público total. Las instituciones pobres tienen resultados pobres que poco sirven para auxiliar a resolver los problemas del entorno. Y eso significa exclusión social. Para poder salir del atraso se requiere un aumento permanente del subsidio en términos reales y una distribución del mismo que favorezca a las instituciones más débiles y apoye a aquellas que, por lo pronto, son la vanguardia de la educación superior.

Como lo ha propuesto la ANUIES, el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente y otros rectores se necesita una política de Estado en materia de financiamiento de la educación superior: una política contenida en la ley, que brinde resultados positivos de largo plazo. Para tal fin es importante que los rectores renueven lazos de unión en torno a la organización que los congrega. Las acciones deben darse en conjunto.

Por el momento, habrá que reconocer que estamos en una coyuntura en la cual a lo único que no puede quitársele dinero es a la educación superior, a pesar de los problemas fiscales. A no ser que el gobierno actual quiera dejarnos como herencia a diez años un país en ruinas, que no consiguió transitar a la democracia por falta de cultura política y por haber sido incapaz de formar a las nuevas generaciones.


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