En entregas anteriores me he referido a una serie de problema que deberían resolverse para mejorar la educación superior pública. Creo que necesitan estar contemplados en la agenda nacional para un debate con la sociedad y con los partidos políticos que se disponen a competir por la Presidencia del República en 2006. En el artículo de hoy abordaré algunos puntos sustanciales que tienen relación con la producción y distribución de conocimiento.
La importancia de la investigación científica en el país fue reconocida oficialmente hacia mediados de los años treinta del siglo pasado. Quiere decir que lo que hoy se entiende por ciencia moderna, y la organización en la cual se asienta, no tiene una larga tradición histórica y, tal vez, en parte, por lo mismo es que no existe una cultura científica lo suficientemente extendida para cobijar, impulsar y valorar la producción de conocimiento.
Los investigadores consideramos que el resultado de nuestro trabajo es fundamental para que el país pueda salir adelante y aprovechar los avances científicos y tecnológicos que han ocurrido en los países postindustriales. Pero sobre todo para que los mexicanos tengamos la capacidad de resolver problemas que sólo a nosotros atañen como sociedad y para seguir nuestro propio trayecto en el contexto de la globalidad.
Con frecuencia encontramos, sin embargo, que nuestro discurso se produce en una escala de comprensión distinta de aquella en la que se ubica el discurso oficial. La forma como se plantea el fortalecimiento de la investigación desde los centros donde se toman decisiones sobre la ciencia para frecuentemente a un lado de las condiciones reales que enfrentamos quienes producimos conocimiento.
Los planteamientos que podemos hacer por ahora para orientar la política de la ciencia en el próximo sexenio giran en torno a las siguientes dimensiones.
1. Las instituciones. La investigación en México se hace en instituciones educativas de carácter público, predominantemente en las universidades. Está probado empíricamente que aquellas que han alcanzado mayor grado de consolidación académica son las que cuentan con personal preparado y con grupos de trabajo intelectualmente enriquecidos.
La llamada productividad de los académicos se asocia de manera directa con las condiciones de trabajo y los medios que ofrecen las instituciones para realizar su labor. Y no es una cuestión exclusivamente financiera, aunque en el fondo ésta sea determinante.
Se trata del entorno humano y del clima académico que priva en los lugares de trabajo, de la forma como se dirige una institución favoreciendo la integración de colectivos (investigadores y alumnos), las posibilidades de proliferación del conocimiento y las oportunidades que se brindan a los académicos para una constante apertura de espacios y programas.
2. Los campos de conocimiento. Las áreas en que se divide el conocimiento tienen distintos grados y ritmos de expansión. Se desarrollan diferencialmente entre y dentro de las instituciones. Lo importante es que una sociedad cuente con la mayor extensión y diversificación de los campos de conocimiento, porque en esa medida tendrá mejores condiciones para vencer sus retos. En México hay catorce estados donde las instituciones prácticamente no cuentan con investigadores reconocidos en ningún campo de conocimiento.
3. Desigualdad territorial. Uno de los procesos que está provocando nuevas formas de exclusión social es el acceso al conocimiento y a su empleo para auxiliar en la solución de problemas del entorno. En un capítulo del libro La academia en jaque mostramos (Muñoz y Suárez), como ya he dicho, que la investigación ha tenido un desarrollo desigual y concentrado en el país.
Actualmente, el Distrito Federal y cuatro entidades federativas (Estado de México, Jalisco, Morelos y Puebla) concentran 66 por ciento de los investigadores nacionales. Pero además, el Distrito Federal cuenta con dos de cada tres investigadores del más alto nivel. Los datos ilustran con toda nitidez la concentración de instituciones, investigadores y áreas de conocimiento que mantiene un profundo desequilibrio estatal y regional.
En otras palabras, la combinación de conocimiento y territorio constituye un factor de vital importancia para formular una política de la ciencia que al mismo tiempo que ataque el rezago fortalezca, efectivamente, a aquellas instituciones que destacan por sus actividades de investigación.
Estas últimas, apenas un puñado, son las únicas cartas que tenemos, por lo pronto para elevar nuestras capacidades de desarrollo y crecimiento económico.
Evidentemente, una visión integral del problema debe focalizar apoyos a instituciones e investigadores que formen colectivo y hagan crecer la producción científica en campos de conocimiento altamente concentrados y muy poco cultivados en numerosas entidades de la federación.
Asimismo, fomentar el posgrado nacional, subsanar deficiencias de este nivel educativo y continuar enviando estudiantes al extranjero. El posgrado, insisto una vez más, es un pilar para el mejoramiento de la educación superior, y el doctorado, en particular, el medio para crear más investigadores y vincular la investigación con la docencia.
Finalmente, lo propuesto no puede llevarse a cabo de una manera satisfactoria sin que existan recursos suficientes y oportunos para la investigación, distribuidos conforme a prioridades que estén vinculadas a un proyecto nacional que contemple romper los desequilibrios históricos que tienen dividido al país entre quienes tienen y pueden y aquellos que carecen de futuro.
A la entrada del siglo XXI sería de esperar que las plataformas de los partidos políticos cuenten con un diagnóstico serio y una visión de conjunto de la educación superior y la investigación científica, porque ejecutar una política eficaz en este terreno otorgará soportes firmes para sacar al país de su situación actual, vigorizar nuestra identidad en la diversidad cultural que nos caracteriza y cerrar las fracturas que nos distancian.
