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Una duda democrática. Los partidos y las universidades públicas
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 115 [2005-02-03]
 

En la campaña pasada para la Presidencia de la República, las plataformas de los partidos políticos, al referirse a la educación superior, presentaban algunas coincidencias y también puntos de vista muy distintos sobre los objetivos a cumplir de llegar a presidir el gobierno. Ni unas ni otros fueron sobresalientes.

Por ejemplo, reiteraron como siempre que la educación universitaria es fundamental para el desarrollo de México y declararon, también una vez más, que el Estado tiene el compromiso ineludible de apoyarla. Manifestaciones verbales que los candidatos, políticos profesionales, convirtieron en “pequeñas frases” como diría Milan Kundera, sin contenido.

La mercadotecnia, entre otras cosas, no permitió que la tesis programáticas de los partidos fueran convincentes. Asimismo, no persuadieron porque la educación superior fue tratada como un punto más de los cambios extremadamente generales que ofrecieron.

Las ofertas educativas, ambiciosas o restringidas, no estuvieron ligas a una visión coherente y explícita de un proyecto de nación. Tampoco hicieron referencia directa a cómo financiarlas. Simplemente, se pronunciaron por un aumento del gasto público en educación que, en el caso de un partido –absolutamente ignorante de la realidad fiscal-, la propuesta fue de 10 por ciento del producto interno bruto.

Lo cierto es que a cinco años de distancia, el problema del financiamiento a la educación superior pública sigue sin resolverse, provocando incertidumbres y tensiones entre las universidades y el gobierno. Es un problema que está pendiente y que requiere una atención mayúscula.

No está resuelto, porque las políticas públicas que se aplican no tienen ese propósito, por los desacuerdos que las propuestas presupuéstales del Ejecutivo han causado en la Cámara de Diputados cada año, por las lagunas jurídicas y porque ha intervenido la falta de sensibilidad, la estrechez de miras y hasta el desprecio por la educación y la ciencia de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se trata, sin duda, de una cuestión extraordinariamente compleja. Para la próxima campaña, dada su gravedad, sería de esperar que los partidos formulen propuestas viables y de largo plazo, para lo cual es indispensable que se abran ,se acerquen , escuchen e incorporen los argumentos de quienes han avanzado nuevas estrategias financieras; de quienes tienen la responsabilidad de conducir las instituciones y de los académicos que trabajamos en ellas.

El financiamiento a la educación superior es un asunto de tal preponderancia que los partidos no lo pueden eludir. Es menester que hagan un examen serio para que propongan soluciones de fondo, porque involucra a todos los niveles de gobierno, porque las necesidades económicas de las universidades son distintas, si se tiene en cuenta la heterogeneidad institucional del sistema de educación superior, y porque mejorar este nivel educativo es vital para la sociedad, en la cual se juega el futuro de los jóvenes de ahora y de mañana.

La administración de los recursos económicos dedicados por el gobierno a la educación superior y la forma como se distribuyen son dos aspectos que guardan relación con el elevado grado de centralismo en la toma de decisiones y el control oficial a distancia de las instituciones.

Este modelo está agotado para incentivar el federalismo entendido como una ampliación de las atribuciones que tienen estados y municipios.

Dentro del marco de políticas educativas nacionales, los ámbitos locales deben tener la posibilidad de definir objetivos específicos de la educación superior en relación con su entorno y para que se integren sistemas públicos estatales de educación superior que abran paso a la equidad de oportunidades.

La Federación debe destinar recursos financieros suficientes que fortalezcan a las universidades públicas en entidades donde hay escasez de profesionales y recursos humanos de alto nivel para que cumplan sus objetivos de crecimiento económico y se eliminen desigualdades educativas y sociales que ancestralmente nos han dividido a los mexicanos.

Desearíamos percatarnos que los programas de educación superior presente en las plataformas de campaña que van a lanzar los partidos políticos incluyan análisis y respuestas financieras que le den salida en el tiempo a una forma organizada de creación de nuevas plazas, para renovar la planta académica e innovar la producción y transmisión del conocimiento.

Que contengan compromisos ejecutables para modificar las condiciones laborales en las cuales no encontramos, establecer de otra manera los ingresos que recibimos los académicos, así como para que consigamos un retiro digno. Algo debemos hacer porque el modelo laboral vigente no va a responder a una academia como la que van a demandar las instituciones educativas en los próximos años.

Una política financiera efectiva para la educación superior reclama un nuevo pacto entre el Estado, las universidades públicas y la sociedad. En un sistema político democrático, la educación superior tiene una de las más altas prioridades y el gobierno hace un esfuerzo financiero para que las universidades funcionen adecuadamente.

Una reforma del Estado para consolidar la democracia debe llevar a cambios institucionales que le den al gobierno y a las universidades condiciones para eliminarle riesgos a la nación.

En un régimen democrático, que brinde certeza en las finanzas, la autonomía y un clima de libertad y confianza hacen que la academia despliegue su creatividad con más fuerza y más tino. En este sentido, entiendo la declaración reciente del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, cuando señaló que las universidades públicas no pueden estar atadas al mercado so pena de incumplir sus cometidos y compromisos con la sociedad.

Me queda una pregunta: ¿podemos confiar en que los partidos, y los políticos que los encabecen en la próxima contienda electoral, tendrán la lucidez para entender y plantear la importancia de construir universidades públicas con la mayor capacidad de respuesta a los problemas de la sociedad, dentro de un sistema democrático? Porque si no –como en la novela de Saramago- millones de electores decepcionados podrían votar en blanco, convencidos de que no sirven para cambiar la realidad educativa del país y mejorar sus condiciones de vida.


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